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Aguascalientes: sin acceso a ILE, niña de 8 años dio a luz

Por Nancy Betán Santana

Una niña de ocho años dio a luz en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes en marzo pasado, sin que ninguna autoridad de salud se pronunciara sobre el caso, aunque el director de dicho hospital, Arturo Guerra Lugo, atribuyó el fenómeno a “la falta de educación sexual”.

Guerra Lugo, quien calificó como “aislado” este hecho, posteriormente señaló que en lo iba de este 2009 se trataba del tercer alumbramiento de una niña menor de 12 años atendido en el Hospital.

Al enterarse del parto de la menor de ocho años a través de un periódico local, la abogada, especialista en delitos y derechos sexuales y reproductivos, Marcela Martínez Roaro, quien radica en esa entidad, decidió levantar una denuncia por violación contra quienes resulten responsables, ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes.

Martínez Roaro señaló a Cimacnoticias que para que la niña se embarazara, el abuso sexual debió consumarse cuando ella contaba con tan sólo siete años, prueba contundente de que la niña fue violada, quizás por algún miembro de la familia. Eso, detalla Martínez Roaro, explica también el silencio de la familia y el nacimiento del producto, el cual pudo haberse evitado, sobre todo por el peligro de muerte que corría la niña y por las consecuencias psicológicas del abuso.

EMBARAZO EN NIÑAS

Por su fisiología (pelvis y canal de parto inmaduros), esta menor de ocho años debió haber sufrido alguna de las múltiples complicaciones que se presentan en embarazos y partos de niñas, como un alumbramiento prematuro con labor prolongada o cesárea, ambos con riesgo de hemorragia severa, apunta el médico gineco-obstetra e investigador argentino Juan Ramón Issler, en su artículo “Embarazo en la adolescencia”.

En estos casos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debe presentarse como una opción, de acuerdo con Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero, dos de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron a favor del ILE en el Distrito Federal en agosto del año pasado, pues, acentúan, las niñas tienen derecho a no ser madres porque fueron violadas.

De acuerdo con Juan Ramón Issler, la maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso resulta ser perturbador tanto física como psicológicamente.

Las niñas asumen responsabilidades que no son propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo social al que pertenecen, comportándose como hija-madre, cuando deberían asumir su propia identidad infantil, anota.

Este comportamiento se vuelve un círculo vicioso en el que tanto madre como hijo estarán atrapados de por vida, pues en México son contadas las instituciones auxiliares en estas situaciones, que cuenten con el personal y las instalaciones adecuadas para proveer de ayuda a ese sector doblemente vulnerable, por ser infantes y ser mujeres, resaltan académicas y académicos.

Asimismo, el despertar sexual en las madres infantiles suele ser precoz y sumamente importante en sus vidas, pues no conocen otro afecto que no esté ligado al ámbito sexual por haber sido violadas, sostiene.

En el caso de niñas en situación de calle, la vida sexual comienza desde los siete años. Un 90 por ciento de ellas es abusada sexualmente, por lo que antes de cumplir los 13 años ya habrán tenido al menos un embarazo o un aborto, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esto las coloca en una cuerda floja en la cual comienzan su vida sexual sin la debida protección porque así lo aprendieron cuando consecuencia de la violación, resultaron embarazadas, subraya.

Según la Organización Panamericana de la Salud, de las 300 mujeres que conciben sin desearlo, 200 resultan contagiadas de alguna Infección de Transmisión Sexual, incluyendo el VIH.

A los posibles embarazos posteriores y las infecciones de transmisión sexual, se suman importantes depresiones de las que las niñas abusadas sexualmente son presa en su edad adulta, las cuales no les permiten llevar una vida normal. Una niña abusada debe ser sometida a tratamiento psicológico para superar la violación de la que fue objeto, concluye Issler.

LA DENUNCIA

Cuando Marcela Martínez Roaro acudió a ratificar la denuncia el 13 de abril del presente, los funcionarios le hicieron saber que probablemente la archivarán. A este respecto, la también catedrática asegura que interpondrá una queja en contra del Procurador y tramitará un amparo.

Asevera que en nuestro país los mecanismos legales para fincar responsabilidades a los autores de estos delitos son muy débiles y no garantizan un debido proceso que implique protección a las víctimas. Todo esto, porque se carece de funcionarios e instancias comprometidas con los niños abusados, como demuestra el caso de Arturo Guerra Lugo.

“La cópula con menores es ya una acción cotidiana para las autoridades mexicanas. Lo asombroso para ellas es que una ciudadana ejerza su derecho de manifestarse e inicie un proceso legal para castigar a los culpables de delitos tan graves y que se persiguen de oficio como la violación”, apunta Martínez Roaro.

Con casi 5 mil casos de adolescentes embarazadas por año, Aguascalientes encierra entre esos miles de partos, los de menores de edad que son prueba irrefutable de los abusos sexuales infantiles que en esta entidad se cometen.

Pese a que en la mayoría de las legislaciones mexicanas la violación y abuso sexual están adecuadamente tipificados, la práctica exhibe diversas dificultades para demostrar la existencia de una violación cuando no existen huellas físicas de la misma.

No obstante, en 25 estados de la República Mexicana no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, lo que da pie a una continuación segura de los abusos. De esta forma, los intereses por y de la niña quedan sepultados por otros.

En México, el abuso sexual es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales, a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor, señalan expertas y expertos.

Nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato a menores, después de Estados Unidos y Portugal, ha informado ya la Universidad Nacional Autónoma de México.

Según cifras oficiales, en México, el 40.1 por ciento de menores de edad agredidos tienen entre 6 y 12 años de edad, el 18.7 por ciento tienen de 0 a 3 años, el 12.1 por ciento son de 3 a 5 años.

Cabe resaltar, que en las zonas fronterizas, especialmente Tijuana y Ciudad Juárez, hay una elevada cantidad de casos de explotación sexual comercial infantil. El UNICEF arroja que muchas niñas y niños son víctimas de redes de pornografía infantil y pederastas cuando buscan cruzar la frontera.

09/NBS/GG

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