La aprobación de la Ley para sancionar la trata de personas en la entidad, es un avance, aunque quedan pendientes que atender, entre ellos la sensibilización de los ministerios públicos y los jueces respecto de este tema, expresó la feminista, Mayela García.
La activista insistió en que la aprobación el pasado 27 de octubre, de la «Ley de Trata», en la que se incluyen sanciones de hasta 20 años de cárcel y multas de hasta 500 días de salario mínimo para quienes incurran en este delito, es parte del trabajo legislativo que se ha hecho, a partir de la presentación de la iniciativa por parte del hoy gobernador electo, Javier Duarte de Ochoa.
Este documento, fue revisado y dictaminado acorde a los requerimientos internacionales que se han implementado a través de acuerdos internacionales que México ha firmado y ratificado, añadió.
Señaló que la legislación se suma a otras, ya aprobadas en Veracruz, como lo son la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, La ley de Protección a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con lo que se convierten en parte «de este nuevo paradigma de Derechos Humanos (DH) que se tienen que garantizar».
La trata de personas es un delito que afecta principalmente a mujeres, niños y niñas por lo que sus causas deben ser analizadas para su erradicación e insistió en que la aprobación de la Ley fue un avance importante, pero aún quedan pendientes.
Entre las cuestiones que consideró relevantes en la Ley se encuentra la atención a las víctimas, la reparación de los daños, el resarcimiento de los derechos y otros, por lo que se espera que su aplicación sea la prueba para ver si como se encuentra redactada es suficiente o se tiene que fortalecer en algunas partes.
En cuanto a quienes serán los encargados de aplicar la Ley señaló que se espera que tanto Ministerios Públicos, como Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas tengan la sensibilidad para atender este delito en su justa dimensión, y que tengan la capacidad para beneficiar a las víctimas de este ilícito.
Es necesario que los encargados de la procuración de justicia reciban la información suficiente sobre la implicación del delito, los acuerdos internacionales, los estudios en la materia y las reformas que se han hecho para una correcta aplicación de la justicia.
En Veracruz no existen cifras oficiales sobre el número de víctimas de trata de personas que se han atendido, así como tampoco existen datos respecto del funcionamiento de bandas dedicadas a esta actividad.
Sin embargo, sí se han registrado reportes de jóvenes que han sido llevadas de las zonas serranas a las ciudades para realizar tareas de servidumbre, sin que se precisen cifras.
También existen reportes aislados, de algunos casos de venta de adolescentes, por parte de sus propios padres, con fines matrimoniales, de acuerdo a usos y costumbres en algunas comunidades indígenas de Chicontepec y la sierra de Zongolica, sin que las autoridades del Instituto Veracruzano de las Mujeres o alguna otra institución cuenten con cifras al respecto.
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