Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al secretario de Gobernación Alejandro Poiré Romero, para que ponga en marcha un mecanismo de protección para las personas defensoras de Derechos Humanos, ante la impunidad que persiste en México por los asesinatos, amenazas, intimidaciones y criminalización de las y los activistas.
En una carta abierta que hoy envió Javier Zúñiga Mejía Borja, asesor especial en Programas Regionales de la oficina de AI con sede en Londres, la organización expresó su preocupación por la grave situación de las y los defensores de DH en México y por la impunidad que siguen enfrentando.
En la misiva, AI hizo un recuento de cuatro casos de defensores que no han sido atendidos por el Estado mexicano y afirmó que si los DH son verdaderamente la más alta prioridad del actual gobierno, es imprescindible poner en marcha un mecanismo de protección que merezca la confianza de los afectados.
La organización señaló que en el caso de la activista y fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, la protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades mexicanas.
AI condenó los graves atentados contra la vida de Norma Andrade, dos en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado ocurrido en diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua.
También recordó que el 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años de la muerte de los activistas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas ?presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) ? quienes fueron hallados muertos en Tecoanapa, Guerrero.
Tres años después del incidente el caso continúa en la impunidad y se han presentado casos similares, así por ejemplo el de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), desaparecidos desde el 7 de diciembre de 2011 en Guerrero.
Otros casos son los de los líderes indígenas Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, acusado de homicidio y preso desde el 20 de enero de 2012; o bien, los defensores comunitarios del agua en Puebla, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz detenidos desde el 13 de enero de 2010.
El representante de AI señaló que en estos casos se observan un patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio de presunción de inocencia e irregularidades procesales que han documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensoras y defensores en México.
En la carta finalmente se precisa que «proteger la vida, la integridad y todos los Derechos Humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado mexicano establecida en la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales México es parte».
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