Para no contradecir lo dicho por Felipe Calderón Hinojosa sobre la muerte por gastritis de la señora nahua Ernestina Ascencio Rosario y no por la presunta violación tumultuaria de elementos del Ejército Mexicano, la conclusión del caso «es una tomada de pelo, una falta de respeto y abaratamiento de las instituciones, debido a que está plagada de contradicción y retractación», denunció la diputada federal Valentina Batres Guadarrama.
Por ende, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en su calidad de observadora de las propias verdades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y de la Secretaría de la Defensa Nacional, emplazó al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y a las autoridades que intervinieron en la investigación a una reunión para analizar las evidencias.
La legisladora Batres Guadarrama sostuvo que la conclusión presentada sobre el caso de la señora Ernestina tiene 15 contradicciones del proceso de análisis forense, además de que da cuenta de lo que dejaron de hacer la CNDH y la Procuraduría de Veracruz.
En entrevista con Cimacnoticias, Valentina Batres sostuvo que no se tomó la declaración del presidente municipal de Soledad Atzopan; se consulta una autopsia psicológica, que se usa en las presunciones de suicidio, que no tienen validez en el caso de Ernestina; no hay resolución respecto a las pruebas genéticas realizadas por la empresa Anigen sobre una blusa verde y pantaleta amarilla, que establecieron no sólo la presencia del cromosoma Y (Masculino) sino que evidenciaron la presencia biológica de cuando menos tres hombres.
La perredista consideró que aunque se haya dictado el No Ejercicio de la Acción Penal en la averiguación previa que se inició por los delitos de violación y homicidio, subsisten serias dudas en torno a: la violación sexual por vía anal y vaginal; la causa de muerte, etiología y circunstancias que la desencadenaron. Y sí existieron consecuentemente probables responsables.
De tal suerte, precisó, los puntos controversiales han sido, fundamentalmente, de carácter técnico científico y por supuesto las contradicciones técnico-jurídicas, así como las declaraciones de los servidores públicos de las instituciones involucradas.
En conferencia de prensa se dieron a conocer y se evidenciaron dichas contradicciones y retractaciones sobre la verdad histórica de los hechos mediante un análisis pormenorizado de la documentación que las diputadas perredistas Maricela Contreras, Alliet Bautista Bravo y Valentina Batres se allegaron.
En dicha documentación se encuentran: la conclusión de la averiguación previa como no ejercicio de la acción penal; un documento analítico que evidencia tres puntos fundamentales, y el hecho de que anteayer se venció el término para interponer recurso de queja definitivo.
Así como el hecho de que los médicos tratantes del hospital regional de Río Blanco, de la Secretaría de Salud Federal, aún con vida Ernestina, diagnóstico rectorragia (sangrado del recto) sangrado fresco del recto y lesión en vagina cerviz posterior, posible perforación de recto, y abuso sexual (doctor Erick Maya).
También que los expertos del Hospital Regional de Veracruz, como el doctor Luis Fernando Tenorio, determinaron que las pruebas histológicas no se podían realizar porque los tejidos tenían autolisis (destrucción de los órganos).
Además de aquellas pruebas que inexplicablemente la CNDH señala que realizó a través del hospital Primero de Octubre, y que son el fundamento científico de las afirmaciones, negativas y descalificaciones que han realizado en contra de la Procuraduría estatal de Veracruz.
Por lo anterior, sentenciaron las conferencistas, es claro que la investigación pericial y ministerial no estableció la verdad histórica como es su función, no la de Ernestina Ascencio Rosario. No hay certeza jurídica sobre los hechos y sí tenemos a la vista de todos el aislamiento y la casi sustracción de la familia en este periodo estratégico de diez días en que podía ser impugnada la resolución de no ejercicio de la acción penal y un documento que gravosa y vergonzosamente ofrece la procuraduría del Estado donde renuncia la familia a su derecho de impugnación y de esclarecimiento de los hechos.
Durante el desarrollo de la conferencia, las perredistas emplazaron públicamente al gobernador Fidel Herrera, así como a funcionarios de diversas instancias estatales, a mantener una reunión con las diputadas y diputados federales.
07/MLT/GG
