La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), argumentó que tiene una «competencia limitada», para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano, por homicidios por razones de género (feminicidio), en el caso conocido como «Campo Algodonero».
Ante diputadas, integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios, en representación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, el primer visitador general del organismo, Luis García López, afirmó que ante la poca competencia que tiene el organismo, se encuentran a la «espera de la reforma Constitucional, que en materia de Derechos Humanos (DH) está pendiente en la Cámara de Diputados».
En representación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, añadió que en materia de feminicidios, sus facultades de investigación, también se han visto «limitadas», ya que los Ministerios Públicos, tanto federales como de Chihuahua, «les niegan el acceso a los expedientes de estos casos».
Horas antes, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, (Inmujeres) Rocío García Gaytán, al informar a las diputadas sobre los trabajos realizados para cumplir con la sentencia, criticó haber sido excluida de los trabajos para el «cumplimiento» del fallo.
Afirmó que «si respondiera de manera específica a lo que me solicitó la Comisión Especial sobre Campo Algodonero diría: «estoy fuera, no tengo nada que informar…».
Ante esto, Andrea Medina Rosas, abogada de una de las víctimas de «Campo Algodonero» y en representación de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez — una red integrada por 13 organizaciones–, se mostró decepcionada y molesta por las razones que las instancias del Estado, han venido dando para dar cumplimiento a la sentencia de la CoIDH.
Consideró que las instituciones del Estado desconocen sus jurisdicciones, tras señalar: «Hoy por la mañana la titular del Inmujeres, nos dice que la excluyen del grupo de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia y ahora la CNDH, nos dice que les niegan el acceso a los expedientes de los casos de feminicidio… que pasa en las instituciones de Estado» cuestionó.
A su vez, la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, la diputada Teresa Incháustegui, del partido de la Revolución Democrática (PRD), preguntó que qué tiene pensado hacer la CNDH y a qué se compromete para garantizar la aplicación de la justicia en cuanto a las omisiones y agravios de los funcionarios públicos encargados de las investigaciones y la reparación del daño a las víctimas del «Campo Algodonero».
Luis García propuso entregar a las legisladoras, en un lapso de 10 días, un informe detallado de las investigaciones «tal y como las tiene la CNDH» y el estado que guardan.
Cabe destacar que ya existe un informe publicado en 2009, por la CNDH, realizado por su hoy titular Raúl Plascencia Villanueva; titulado: «Los Homicidios y las Desapariciones de Mujeres en Ciudad Juárez (1993-2009)», el cual contiene características similares al presentado ayer a las legisladoras.
En él, se detalla el estado procesal que guardan los casos de homicidios de mujeres en el estado incluidas las de «Campo Algodonero», así como sobre la «falta de colaboración de las autoridades» de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.
Ante la Comisión legislativa, García López ofreció iniciar las denuncias penales que no se hayan realizado aún, contra los servidores públicos, que se considere fueron omisos o irresponsables, aunque en un principio dijo que la CNDH no tiene facultades para actuar.
El 10 de diciembre del 2009, la Corte publicó su sentencia para el caso González y Otras, mejor conocido como «Campo Algodonero». En ella condena al Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, México, así como por violar derechos humanos de sus madres y familiares. Hasta el momento, la mayoría de las resoluciones de la Corte, siguen sin acatarse.
De los 26 resolutivos que ordena la CoIDH, según lo reportado en San Lázaro, sólo se ha cumplido con el punto que obliga a publicar el fallo en diferentes medios de comunicación; ya que la publicación de la página electrónica con la información de las mujeres desaparecidas de 1993 a la fecha en Chihuahua, que se aseguró ya estaba lista, sigue siendo incierta, toda vez que durante las reuniones las y los funcionarios dieron diferentes direcciones.
Respecto a la atención psicológica para las y los familiares de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, 3 de los 8 casos de feminicidio, cometido en Ciudad Juárez en noviembre de 2001, no se ha dado, como tampoco las indemnizaciones económicas a las familias, ya que seis meses después, el Estado argumentó en San Lázaro «no tener recursos económicos para cumplir con la sentencia».
La comisión legislativa estuvo integrada por las diputadas Teresa Guadalupe Reyes del Partido del Trabajo, Maria Antonieta Pérez, del Partido Acción Nacional, Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, presidida por Teresa Incháustegui, del PRD.
10/GTR/LR
