El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conjuntamente con organizaciones de derechos humanos de las mujeres de Veracruz, analizan la posibilidad de solicitar por segunda ocasión la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad, ante el incremento de asesinatos y desapariciones de mujeres.
Así lo informó en entrevista en ocasión del Día Internacional de la Mujer, Alma Celia San Martín, integrante del OCNF, quien lamentó que las autoridades estatales minimicen la situación y no investiguen.
«No es ocasión para celebrar en estos momentos, es una preocupación el hecho de que cada vez haya un aumento de mujeres que están desapareciendo y de casos de feminicidio» manifestó la activista.
Cabe recordar que la AVG ya ha sido solicitada en años anteriores (2009) por el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Sociedad Civil Organizada.
En noviembre del 2009, el Instituto Veracruzano de las Mujeres solicitó la AVG al Secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez. No obstante, el funcionario respondió que el Gobernador no quería una mala nota para el estado.
El 24 de diciembre de 2009, las diputadas del congreso local exigieron a Escobar Pérez la declaratoria para Isla. La respuesta fue «es instrucción del Gobernador no emitirla, pues eso sería como prender un foco rojo en la entidad».
Con esto, se minimizó el asesinato de entonces 8 mujeres y la desaparición de al menos 5 más, así como el hallazgo de otras tres jóvenes en bares de diferentes partes de la zona centro y sur del estado obligadas a trabajar como meseras, y otra más forzada a prostituirse.
NO BASTA LA VOLUNTAD POLÍTICA
Mayela García Ramírez, directora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación de la Mujer (CIDEM), precisó que en los últimos seis meses se han registrado 43 casos de feminicidio en la entidad.
La activista dijo que de acuerdo con un sondeo levantado en medios de comunicación, desde el 29 de agosto de 2011 los municipios con más alta incidencia de asesinatos de mujeres son: el Puerto de Veracruz con 10 casos; Xalapa con 6 y Rodríguez Clara y Córdoba, donde también se registra el mayor número de desapariciones de mujeres.
Para García Ramírez la voluntad política de las autoridades no es suficiente para terminar con la violencia de género, pues lo que se requiere son acciones.
«La voluntad política que se ha expresado no alcanza a las mujeres, hay que fortalecer esa voluntad política con acciones concretas, que se traduzcan en hechos. Falta prevenir la violencia contra las mujeres, y en ese trabajo tienen que coordinarse el DIF Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo Estatal de Seguridad», sostuvo.
QUITAN ÓRDENES DE RESTRICCIÓN A AGRESORES
Pese a este incremento de violencia, el poder judicial de la entidad eliminó su responsabilidad de proteger a las mujeres como se estipuló en el paquete de reformas para tipificar el feminicidio en la entidad.
En agosto de 2011 el congreso estatal aprobó reformar el Código Penal, el de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la Procuraduría del estado de Veracruz para tipificar el feminicidio. Respecto a la Ley Orgánica se estipularon varios artículos relacionados con la protección a las mujeres, capacitación a funcionarios, entre otros.
Sin embargo, a siete meses de esta aprobación, ahora se discute en el congreso local las reformas al poder judicial. El pasado 2 de enero el poder judicial envió su propuesta de reforma a su Ley Orgánica, misma que no contiene ningún artículo y fracción referente a la tipificación del feminicidio.
Mayela García precisó que eliminó el artículo tercero que lo obliga a coordinar, dirigir y administrar las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, también desaparece la obligación de realizar un sistema con información de las tendencias jurídicas de sentencias en delitos contra mujeres.
También desaparece la obligación del sistema del poder judicial de dar a conocer los procedimientos judiciales en materia de violencia de género y su obligación de formar, actualizar y especializar a los servidores públicos en perspectiva de género y derechos humanos, es decir, dijo la activista, evade todos los lineamientos a favor de los derechos humanos de las mujeres.
«El poder judicial está dándole la espalda a las mujeres en materia de justicia, no está trabajando con perspectiva, ni respeta el derecho internacional que ya es ley en México, se burla de las mujeres y no vamos a permitirlo», acusó.
Como esta omisión es muy grave en caso de que los artículos no se incluya, advirtió que las organizaciones civiles recurrirán a instancias internacionales para denunciar esta violación a los Derechos Humanos.
De acuerdo con la investigación «Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios 1985-2009» elaborado por El Colegio de México, la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de diputados, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Veracruz registró en 2005 38 asesinatos dolosos de mujeres, cifra que se incrementó a 81 en 2009 con un cambio en el patrón de los asesinatos.
Según refiere la investigación, mientras en 2005 el hogar representaba el 35.5 por ciento de los casos donde ocurría la agresión, a 2009 éste decreció a 24.8 por ciento, no obstante la vía se convirtió en el lugar donde las mujeres son agredidas y asesinadas ubicándose en el 36.6 por ciento.
Llama la atención también que la ocurrencia de estos asesinatos en menores de 18 años también se incrementó, de 13.7 en 2005 pasó a 22.8 por ciento en 2009. En lo que va de este año 43 mujeres han sido asesinadas.
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