El hostigamiento contra la activista Emilia González Tercero refleja la ausencia de garantías de seguridad para que en México las y los defensores de Derechos Humanos (DH) realicen sus actividades de manera libre y segura.
Emilia González Tercero, es una defensora de DH originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, región sitiada por el crimen organizado, la Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Desde hace 22 años Emilia ha documentado abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, pero además ha cuestionado el fuero militar y la vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran las y los defensores de DH.
El 17 de junio de 2009, fue hostigada por primera vez. Ese día un grupo de militares la interrogó frente a su domicilio con el argumento de que estaban buscando «explosivos, armas o cohetes» e intentaron ingresar a su casa sin orden judicial.
En esa ocasión, un militar les dijo a ella y a un vecino (que se acercó): «usted no sabe, señor, la cantidad de armas que hemos encontrado en las casas donde hay señoras de edad» y reiteró que si no los dejaba revisar su casa, «después irían federales y la destrozarían».
Nuevamente, el 27 de julio pasado, 10 militares uniformados y armados se presentaron en su domicilio y le dijeron en forma burlona: que escondidita está tu casa. La citaron al campo militar 5-C para rendir una declaración ante una agencia investigadora militar.
Sin saber el motivo de la cita, Emilia acudió el 16 de agosto con la condición de que no fuera en un cuartel militar. Logró que la declaración se tomara en las instalaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Acompañada por la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro y otras 30 personas, entre activistas, familiares de victimas de feminicidio, trata de personas y desaparición forzada; rindió su declaración. Las personas que la acompañaban tuvieron que permanecer en la calle porque así lo decidió el mayor, José Alberto Nájera Díaz.
Fue entonces cuando Emilia «ratificó» una denuncia que hizo a través de una nota periodística publicada el 19 de julio de 2009 en la agencia informativa Cimacnoticias.
De acuerdo con Luz Estela Castro este es un hecho inédito porque el Ejército tomó como único elemento una nota para abrir una averiguación previa. Después de que se percataron de lo que sucedía Emilia, quien tenía calidad de testigo, decidió ser querellante.
No sin antes hacer algunas aclaraciones sobre su trabajo como defensora de DH en la sierra tarahumara y su interlocución con el Ejército. Asimismo, narró las irregularidades que se presentaron, las que calificó de intimidación, cuando se le notificó su comparecencia.
Emilia destaca que los elementos castrenses le dijeron: «si tiene miedo no entre señora… están moleste y moleste los derechos humanistas y a la hora que se les llama les da miedo».
La diligencia que duró cerca de tres horas, terminó por preocupar a las organizaciones sociales, pues –dijeron- se trató de una «intimidación» y porque información del Cedehm muestra que la entidad vive atemorizada por los constantes hechos violentos.
Uno de ellos y que alcanzó gran notoriedad fue el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar el 3 de enero pasado. Ella trabajaba contra la represión y por la aparición de su hijo Miguel Ángel, desaparecido presuntamente por un «levantón» del ejército.
Esta vulnerabilidad, afirma Emilia no ha terminado, sólo hay que recordar que el pasado miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida del hermano de Josefina, Rubén Reyes Salazar.
Estos casos no son los únicos. Cipriana Jurado Herrera, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera de Ciudad Juárez también ha recibido hostigamiento y amenazas por parte de los integrantes de las fuerzas armadas.
La también ex trabajadora de la maquila, en abril de 2008 fue detenida por una denuncia «supuestamente» realizada desde 2005 por parte de Caminos y Puentes Federales por participar en protestas contra el feminicidio y los cazamigrantes.
En este contexto, organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas han documentado el tema concluyendo que es fundamental reconocer el trabajo de las y los defensores.
Esto debido a que su papel en la sociedad es fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho, por ello estas instancias consideran que el Estado debe garantizar que tengan condiciones para realizar su trabajo en libertad y con seguridad.
Por su parte Emilia reafirma que seguirá con su trabajo. Actualmente, junto con el Cedhem y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, representa legalmente a los primos-hermanos Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado.
Los tres son víctimas de desaparición forzada a manos del Ejército, desde el 29 de diciembre de 2009 se desconoce su paradero, y ante la falta de una efectiva investigación en México, este caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que emitió medidas cautelares a favor de Emilia en marzo pasado.
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