El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió del riesgo de que a nueve años de la violación sexual por parte de militares contra Inés Fernández y Valentina Rosendo, ahora la Procuraduría General de la República (PGR) incurra en parcialidad de la investigación a favor del Ejército.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo a Cimacnoticias que desde el 2002 el Ejército mexicano se negó a reconocer que Inés y Valentina fueron víctimas de violación sexual, lo que –alertó– podría significar que el expediente del caso, que ahora está en manos de la PGR, no sea objetivo, ni imparcial.
El también ganador del premio de Derechos Humanos del Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy, acusó también que la demora por parte del Estado mexicano en el cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso, tiene el objetivo de «desgastar a las víctimas».
El activista explicó que desde ayer Tlachinollan lanzó una campaña para exigir al gobierno federal que cumpla las sentencias de la CoIDH que condenaron al Estado mexicano por tortura y violación sexual de las indígenas tlapanecas.
A poco más de un mes de que se cumpla un año de que la CoIDH sentenció al Estado mexicano, Abel Barrera detalló que la campaña consiste en el envío de misivas a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la PGR, por parte de organismos civiles nacionales e internacionales de DH, en demanda de que haya justicia para Inés y Valentina, toda vez que hasta ahora ningún militar responsable ha sido castigado.
Tlachinollan, quien representa jurídicamente a las indígenas, demandó al Estado mexicano que acelere el cumplimiento de las resoluciones ordenadas por la CoIDH.
Cabe recordar que el pasado 12 de agosto la Procuraduría General de Justicia Militar notificó por escrito a Inés y Valentina que las averiguaciones de sus casos fueron trasladadas a la PGR (es decir el fuero civil), una de las principales demandas de organismos de DH desde hace nueve años y que la CoIDH avaló en la dos sentencias publicadas el 1 de octubre de 2010.
En esos veredictos el tribunal internacional solicitó al Estado mexicano la implementación de diversas medidas para resarcir el daño causado a las dos mujeres.
Abel Barrera apuntó que hasta el momento las sentencias no se han cumplido a cabalidad y criticó que desde que fueron notificadas, el gobierno federal se ha resistido a acatarlas.
La CoIDH señaló que en un plazo de un año, que se vence este 1 de octubre, México debería rendir un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir las sentencias.
Seis meses después de que se conocieron las sentencias, el 15 de marzo de 2010 la Segob, encargada de coordinar el cumplimiento de los fallos, formuló una serie de compromisos, sin embargo el director de Tlachinollan insistió en que hay «reticencias».
Barrera Hernández subrayó que desde el Estado mexicano hay una falta de interés en el tema, ya que cuando hay reuniones para analizar las propuestas de las víctimas los funcionarios que acuden no tienen información o no tienen capacidad de decisión, lo que retrasa los trabajos.
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