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Alertan por la vida de activista Aleida Quintana en Querétaro

Por la Redacción

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) denunció amenazas por vía telefónica en contra de la vida e integridad sexual de Aleida Quintana, quien acompaña a familiares de personas desaparecidas y denuncia la trata de personas y la violencia feminicida en el estado de Querétaro.
 
La RNDDHM difundió hoy una carta pública al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que le garantice medidas de protección a Quintana, y responsabilizó al gobierno queretano, encabezado por Francisco Domínguez Servién, por la vida de la defensora.
 
Aleida Quintana integra el Grupo Interdisciplinario Tékéi, que documenta y brinda acompañamiento a familias de personas desaparecidas en esa entidad, además ha hecho trayectoria en denuncia y documentación en la trata de personas y casos de feminicidio, por los que incluso se sumó a la exigencia de una Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado.
 
No obstante –se asienta en la misiva–, en días recientes la activista recibió amenazas de muerte y de violación sexual, que han ido en aumento y las cuales van de la mano de una campaña de difamación y desprestigio en su contra.
 
El pasado 8 de enero, Aleida Quintana recibió mensajes en su celular con amenazas de índole sexual, precisamente luego de denunciar en medios de comunicación la situación de desaparición de personas y el feminicidio en el estado. 
 
La defensora cuenta con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, pero una semana después de haber recibido las amenazas, el escolta asignado fue detenido por policías estatales por una supuesta portación ilegal de armas.
 
Luego, el escolta fue remitido al Ministerio Público Federal y posteriormente fue liberado sin que el Mecanismo haya esclarecido hasta ahora estos hechos.
 
A los ataques se suma a que la defensora ha sido videograbada y fotografiada en más de una ocasión por un hombre desconocido, quien la cuestionó sobre su labor, su vínculo con otras personas defensoras de Derechos Humanos, y sobre los datos que ha difundido sobre la desaparición, trata de personas y casos de feminicidio en Querétaro. 
 
Incluso en una ocasión el mismo sujeto se acercó a ella, le dijo que no tuviera miedo, abrió su chamarra y mostró su playera con el logotipo de la Procuraduría General de Justicia del estado.
 
El pasado 23 de enero, Quintana fue insultada y amenazada vía telefónica. Al colgar, la defensora intentó llamar al número que se registró en su teléfono, pero estaba reportado como “no existente”.
 
Al día siguiente, la activista recibió un mensaje de texto con más descalificaciones de índole sexual y amenazas de muerte. A la par, un integrante de su organización también recibió otro mensaje con amenazas para ella incitándola a que dejara de difundir la información recopilada.
 
La RNDDHM observó que la situación de riesgo de Aleida Quintana va en aumento, ya que la madrugada del pasado 14 de febrero recibió otra llamada en la que le advirtieron que “se diera por muerta”.
 
La Red destacó que la activista ya había denunciado desde 2013 hostigamiento por parte de personas no identificadas y de servidores públicos del gobierno estatal.
 
Por todo esto, la RNDDHM expresó su preocupación por la vida de la defensora, y denunció que las medidas de protección del Mecanismo de la Segob están siendo “poco efectivas” y los agresores no han sido detenidos.
 
Asimismo, exigió al gobierno de Querétaro y a las autoridades federales que presenten de manera urgente los resultados de la investigación sobre la identificación y sanción a los autores materiales e intelectuales de las agresiones contra la defensora y su organización.
 
La carta tiene copia para el gobernador de Querétaro; Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno de la entidad; Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana; y Alejandro Echeverría Cornejo, procurador de Justicia, entre otros funcionarios.
 
En los primeros tres años de la gestión de Enrique Peña Nieto, la Red ha documentado 651 agresiones contra activistas en todo el país.
 
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