Los precios de los alimentos están en un creciente aumento, galopante incontenible y no parece que el gobierno haga algo efectivo por impedirlo. Es generalizado el descontento por el incremento periódico de los alimentos y porque los ingresos salariales se encuentran congelados. El desempleo no se detiene y el éxodo de mexicanas y mexicanos hacía el norte tampoco decrece.
En el último periodo de este año el precio del jitomate se ha incrementado en un 58 por ciento, los aceites y grasas vegetales y comestibles en 43.8 por ciento, las harinas de trigo en 26. por ciento, el huevo en 24 por ciento, el jabón para lavar 19.2 por ciento, el arroz 19.2 por ciento, la tortilla un 45 por ciento y el pan blanco un 16.9 por ciento. El Banco de México ha reconocido que los precios de los alimentos superaron cuatro veces la tasa de inflación general de ese rubro.
Pero más allá de las cifras oficiales, en los mercados públicos se puede encontrar que los precios de los alimentos se han incrementado hasta en más de 100 por ciento. Las y los especialistas del tema consideran que este fenómeno se debe a los precios altos del petróleo, a nuestra dependencia alimenticia y la crisis que vive el campo; pero es evidente que lo más grave es la incapacidad e insensibilidad del gobierno para atender los intereses de la mayor parte de la población.
Nadie pone freno a la voracidad de los intermediarios que imponen precios crecientes sin control. Nada se hace para reducir la pobreza en el campo. Las y los campesinos sin tierra emigran al norte porque los salarios que reciben como jornaleros son miserables.
Hay lugares, sobre todo en el sur de México, donde los dueños de las tierras sobre explotan al campesinado pagándoles apenas 15 pesos diarios por más de 14 horas de jornada de trabajo; a las niñas y niños menores de edad que trabajan, a pesar de que la Constitución prohíbe que lo hagan, reciben un «salario» promedio de 10 pesos diarios. Ellos lo hacen para completar el ingreso familiar, pero el gobierno disimula el problema para no afrontarlo.
Es precisamente en el campo donde el 80 por ciento de las familias vive en extrema pobreza.
Quienes tienen un pedazo de tierra, su cultivo es para el autoconsumo diario, hecho que imposibilita la comercialización de sus productos. Tienen pequeñas superficies de temporal, de menos de una hectárea, muchas de ellas ubicadas en laderas y cañadas. Cuando las y los campesinos emigran, la mayoría de las mujeres se quedan en el campo a afrontar la difícil subsistencia de hijas e hijos y de los viejos.
En 1990, de acuerdo a especialistas de la UNAM, se sembraban en México 14.3 millones de hectáreas, sin embargo el año pasado apenas se cultivó el 13 por ciento de esa extensión.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha reconocido que la apertura indiscriminada de las importaciones agropecuarias al amparo del Tratado de Libre Comercio, ha generado una enorme desventaja de las y los agricultores nacionales, que reciben apenas 350 pesos por hectárea a través del Procampo.
Este ínfimo apoyo que reciben las y los campesinos mexicanos contrasta con los 26 mil millones de dólares que este año se están canalizando a los productores de Estados Unidos; esta condición les permite colocar sus exportaciones a precios por debajo de los costos de producción o bien, fijar unilateralmente los precios de venta de granos y oleaginosas.
EMPLEOS INEXISTENTES
Mientras tanto, los funcionarios federales dicen que nuestro país va saliendo de la crisis y que el empleo está creciendo. Pero ese discurso ya casi nadie lo cree. El propio Consejo Técnico del IMSS ha tenido que reconocer que las cifras de empleo que había presumido durante once años, en los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón son falsas.
Agregaron «nada más» 660 mil empleos a las cifras del IMSS y resultó que estos nunca se crearon realmente. Los magos de los números fueron descubiertos por el propio Banco de México al quedar en evidencia que las y los trabajadores reportados como nuevos no lo eran, ya que sólo habían migrado de un empleo eventual a uno de base.
Es inadmisible que este tipo de hechos sucedan y no haya responsables. Los funcionarios que mienten, que alteran cifras para aparentar un país de creciente progreso deben ser sancionados. El IMSS está demostrando que carece de eficiencia y ética en el manejo de las cifras; se requiere de una nueva legislación en la materia que impida la alteración de datos y existan auditorias de organismos civiles y autónomos que vigilen el proceso de recabo de información.
No podemos continuar aceptando la indolencia gubernamental. La población necesita medidas de gobierno efectivas que atiendan los intereses nacionales y que trasciendan en su vida cotidiana; el momento exige de respuestas reales, no de discurso, de ficción o de mentiras.
* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
08/MF/GG/CV
