Alistan expediente para solicitar AVG en Colima

En octubre o noviembre próximos podría estar concluida la investigación ciudadana que preparan grupos civiles, para solicitar la Alerta de Violencia de Género (AVG) ante los asesinatos de mujeres en Colima.
 
Así lo informó la integrante de la asociación civil Radar 4, Adriana Ruíz Visfocri, quien dijo que las organizaciones civiles están en su etapa de investigación para integrar el documento que sustente la petición para que se emita la AVG.
 
Esto luego de que en diciembre de 2013, el Congreso local solicitara al gobierno de Mario Anguiano Moreno decretar la alerta, petición que fue rechazada con el argumento de que el Legislativo no tenía facultad para ello.
 
Ante ello y debido a la falta de información oficial sobre la violencia de género y los asesinatos de mujeres, agrupaciones como Radar 4 están haciendo una investigación que en próximos meses presentarán.
 
“Son trámites burocráticos y engorrosos que exigen estadísticas y números, y en eso estamos trabajando varias organizaciones, además de las reuniones semanales que hemos tenido con funcionarios de gobierno”, dijo Ruíz Visfocri.
 
La abogada explicó que los encuentros tienen como finalidad recabar los datos que tienen las dependencias sobre la violencia en el estado, “y eso irlo anexando al expediente que estamos preparando”.
 
La activista dejó claro que las organizaciones civiles no están analizando si solicitan la AVG, “eso ya lo definimos y es una decisión tomada, pero tiene que estar sustentada”.
 
“Hemos analizado que este problema (el feminicidio) se da en siete municipios; únicamente Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán no tienen (reportado estos casos)”.
 
También, dijo, que han tenido que documentar los diferentes tipos de violencia como la intrafamiliar, sexual, económica, psicológica y física, “y ya sabemos que el extremo de este tipo de violencia es el feminicidio”.
 
Ruíz Visfocri recordó que Colima está entre los primeros siete lugares en violencia de género; tiene el primer lugar en violencia sexual y el quinto en violencia física a nivel nacional.
 
“Además tenemos la violencia institucional que sufrimos las mujeres por parte de la Procuraduría o de las secretarías de la administración pública, ya que las mujeres maltratadas no reciben una atención adecuada”.
 
La abogada expresó que todos estos puntos se deben documentar en el expediente de solicitud de la AVG. “Es un trámite burocrático que pide números, y las mujeres que han sido asesinadas no son números, son esposas, madres, abuelas”.
 
Adriana Ruíz Visfocri manifestó que los grupos civiles se han puesto como meta tener toda la documentación en septiembre, “para empezarla a analizar y a más tardar en noviembre solicitar la AVG”.
 
La abogada explicó que las activistas carecían de información oficial, además, las dependencias no están coordinadas, “así es que la PGJE nos da unos números, en Seguridad nos dan otros, en Salud tienen otra información, así es que toda esta documentación ha sido laboriosa”.
 
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