Por segunda ocasión fue allanado el domicilio de la defensora de los derechos humanos del estado de Guerrero, Aurora Muñoz, quien hace apenas unos días exigió a las autoridades «no diera el clásico carpetazo desde la Procuraduría de Justicia» y esclareciera la muerte de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
El pasado 23 de marzo, la ex secretaria de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Guerrero, Muñoz Martínez, declaró a medios locales que cuando llegó a su casa ubicada en la colonia Los Pinos del poblado de Petaquillas, en el estado de Guerrero, se percató de que la entrada principal estaba completamente abierta.
Explicó que los agresores destrozaron su casa y se metieron a la recámara de sus hijos; la de ella no fue allanada debido a que la puerta tiene doble chapa de seguridad. Ella expresó que se siente angustiada, y preocupada. «No es posible que no haya poder humano que detenga a estas personas que se empeñan en hacer estos actos», comentó.
Esta no es el primer allanamiento a la casa de Aurora Muñoz. La primera ocasión ocurrió el jueves 29 de noviembre de 2007. La defensora de los derechos humanos abrió la averiguación previa BRA/SC/01/2605/07, y hasta la fecha no hay responsables.
En ese entonces, ella realizaba un trabajo de seguimiento a las denuncias de las violaciones a los derechos humanos en la zona indígenas de Ayutla y sobre la participación de paramilitares en la región.
Ahora los hechos ocurren en un ambiente de tensión en Guerrero y una serie de denuncias por parte de las y los defensores de los derechos humanos, como es el caso del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que trabaja con los pueblos indígenas más pobres de la región de Ayutla y la Montaña de Guerrero.
Desde hace varios años, Muñoz, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos en diversas instancias no gubernamentales, en esta ocasión, ha realizado un acompañamiento a las viudas de Raúl Lucas y Manuel Ponce, presidente y secretario de la OFPM, cuyos cadáveres fueron hallados el pasado 20 de febrero con visibles huellas de tortura.
Además, acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) con Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, esposas los miembros de la OFPM asesinados, a reconocer y reclamar sus cuerpos, donde también estuvieron presentes miembros de Tlachinollan, en esa ocasión, Muñoz declaró a los medios que una de las líneas de investigación tendría que ser la policía municipal de Ayutla.
Muñoz también manifestó su convicción de que las autoridades de Ayutla están involucradas en el homicidio de los miembros de la OFPM, o los propios militares también tienen parte de responsabilidad, además puntualizó, «estos hechos son claros mensajes para acallar la voz de las y los defensores de los derechos humanos».
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