Discriminadas por su clase social, por el delito que cometieron, su edad, origen, color y, por ser mujeres y en algunos casos portadoras del VIH/sida, viven las mujeres recluidas en los centros penitenciarios del país, denunciaron especialistas en derecho penal.
Durante las actividades de la Reunión Internacional sobre Atención y Prevención de la Violencia hacia las mujeres que se realiza en esta ciudad y en la mesa de trabajo «Mujeres Privadas de su Libertad», especialistas y participantes provenientes de diferentes estados de la República y de otros países, debatieron sobre la situación que vive la población femenil privada de su libertad.
Coincidieron en que las reclusas portadoras del VIH/sida y de la tercera edad, representan la población más vulnerable, pues aparte del delito del que son acusadas, también se les condena por la enfermedad que padecen o por su edad.
Beatriz de la Vega, de la Secretaría de Seguridad Pública, puntualizó que aunque no se cuenta con cifras oficiales, se estima que aproximadamente el 80 por ciento de las mujeres que hay en las cárceles del país, son madres.
Dijo que alrededor de 15 mil menores viven con sus madres en los centros de reclusión y de éstos, cuatro mil son menores de seis años.
En este contexto, Tania Renaum del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), expresó que el Estado no proporciona las condiciones apropiadas a estas niñas y niños por lo que las mujeres sólo tienen dos opciones: llevarse a sus hijas e hijos con ellas o dejarlos en alguna institución de asistencia.
Irma Cavazos especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), comentó que la convivencia de las mujeres son sida en los penales no es normal, porque son objeto de discriminación o bien, algunas son «abandonadas» en la enfermería. El rechazo es de sus propias compañeras y de las autoridades.
Recordó que en el artículo 123 Constitucional no hay una reglamentación para el trabajo de las y los internos lo que permite que se dé todo tipo de violaciones a sus derechos humanos.
En este contexto, Tania Renaum, explicó más adelante que los trabajos que se realizan en la cárcel, descalifican a las mujeres y reproducen los estereotipos de género.
Ejemplo de ello es que a la población femenina se le emplea en la elaboración de manualidades, peluches y dulces, en tanto que los hombres laboran en talleres de carpintería. Además las mujeres son destinadas a la maquila y el sueldo que perciben por el trabajo realizado es muy poco.
En algunos centros penitenciarios -comentaron las participantes de la mesa-, las mujeres cosen balones de béisbol y otras más pelan pepitas: la bolsa se las pagan a dos pesos.
En la mesa también se discutió la discriminación y vejaciones de que es objeto las mujeres indígenas presas, quienes al no hablar español son recluidas incluso en centros psiquiátricos porque se les considera como débiles mentales.
Finalmente, se sugirió buscar otras medidas de reconstrucción del sistema penitenciario pero no vulnerando los derechos humanos de las y los internos y tomar en cuenta las diferencias culturales al momento de la impartición de justicia.
Este evento fue convocado por el INACIPE, Inmujeres y el Instituto Poblano de la Mujer (IPM) y culmina hoy.
2004/LG/GV/SM
