El 6 de octubre, al Senado de la República se presentó lo que podría ser una buena propuesta que coadyuve al esclarecimiento de los feminicidios en Juárez y siente las bases para detener la violencia hacia las mujeres en nuestro país.
La violencia en general, pero aquella dirigida hacia las mujeres, va peligrosamente en ascenso, como si la violencia hacia nosotras debiera ser aceptada como «natural» y asumida como si fuera parte de nuestro destino. La indolencia y la impunidad de las autoridades y de los diversos órdenes de gobierno, contribuyen a que el fenómeno de la violencia hacia las mujeres persista y crezca en espiral.
Más de la mitad de las mujeres sufren algún tipo de violencia, (según la encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares 2003 realizada por INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres), situación que nos convoca a redoblar esfuerzos e insistir en que se requiere mayor voluntad política y mayor entendimiento sobre la problemática de la violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres y así, enfrentarla con toda la fuerza del Estado.
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no han cesado, por el contrario, continúan incluso en momentos en que pareciera estar todo bajo control en aquella ciudad de los contrastes e infortunios. El diagnóstico que nos presenta el grupo de académicas de los centros educativos universitarios del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México y del Programa Universitario de Estudio de Género (PUEG) de la UNAM no es nada alentador, coincidimos con él, cuando se afirma que no existe coordinación alguna entre las instituciones que tienen a su cargo la realización del programa de los 40 puntos propuesto por el Ejecutivo Federal para el combate de la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez; la danza de cifras de los casos de mujeres asesinadas y las miles de denuncias de casos como ausentes o extraviadas, denota la magnitud del problema de desorganización; continúa siendo tardía e insuficiente la respuesta gubernamental; a seis meses de la formación de la comisionada especial Guadalupe Morfín y de la fiscalía especial de la PGR, María López Urbina, se tienen magros avances en las investigaciones; los resultados de los primeros 21 casos investigados, de los cuales se desprenden responsabilidades contra 81 servidores públicos, que por cierto, no han sido requeridos aún por la justicia. La impunidad sigue reinando en Juárez.
No pudo haber sido más oportuna esta propuesta que nos han hecho desde la academia, en un momento en el que las Instituciones creadas representadas por la fiscalía especial María López Urbina y la comisionada Guadalupe Morfín, han mostrado sus fortalezas pero también sus debilidades que consisten centralmente en crear un mando único federal; se trata de compactar las acciones que tienen bajo su cargo estas dos instancias para garantizar la eficacia en el esclarecimiento de las investigaciones, atraer el 100% de los casos, cerrarle el paso a la impunidad y continuar por la vereda de la justicia hasta ahora truncada en Juárez.
Por eso, es loable conocer de las determinaciones del actual Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. José Reyes Baeza Terrazas, que al momento de su toma de protesta haya anunciado la conformación de una fiscalía especial para el esclarecimiento de los feminicidios. Se requiere del concurso de él, pero también de la voluntad política de los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal para hacerle frente al enorme desafío que plantea el clamor social «ni una muerta más».
*Senadora del PRD y presidenta de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez de la Comisión de Desarrollo Social.
2004/LB/LR/SM
