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Alto a la campaña de criminalización contra la juventud

Por Patricia Carmona Hernández

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) demandaron al Ejecutivo Federal ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes, un alto a la campaña de criminalización contra la juventud y la creación políticas públicas integrales.

En conferencia de prensa para dar a conocer un pronunciamiento firmado por más de 100 organizaciones nacionales e internacionales en el contexto de la Conferencia Mundial de la Juventud, que se realiza desde el 23 de agosto en León, Guanajuato, las y los expertos manifestaron su preocupación por la situación de las y los jóvenes en el país.

Las organizaciones firmantes criticaron “la alarmante ausencia de una política integral y efectiva para la juventud mexicana, quienes representan 31 millones de personas entre 14 y 29 años, es decir, una tercera parte de la población.”

Por el contrario, dijeron “existen acciones de discriminación y criminalización y exclusión de las poblaciones juveniles, principalmente de los sectores en situación de pobreza”.

Las y los especialistas cuestionaron la legitimidad de México como anfitrión de la Conferencia. Nashieli Ramírez, de Ririki Intervención Social, criticó que “no representan el proceso democrático ni de participación” de las y los jóvenes.

“Si hubieran dedicado su tiempo y los recursos para generar por lo menos un proceso de consulta de escucha y de participación de jóvenes en este país, tendríamos una mejor cara para ser anfitriones”.

Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano, dijo que las políticas actuales contemplan a las y los jóvenes como “problema de salud pública y de seguridad nacional”.

Según el investigador de la UAM Iztapalapa, Adolfo Nateras, ha habido un aumento en la criminalización hacia las y los jóvenes basada en su apariencia.

“Si de algo están hartos los jóvenes de este país es justamente del exceso y la represión de los cuerpos de seguridad del Estado que les detienen por su apariencia”. Esto ha incrementado también la violencia que sufren.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Karime Suri, investigadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, opinó que no existen políticas públicas sólo acciones que “no tienen reglas de operación, presupuesto asignado y tampoco son sujetas a evaluación”. Alertó que de no resolver el problema de la falta de alternativas para la juventud “se reproducirá la desigualdad, la pobreza y la exclusión” dijo al citar un informe de Conapo.

LAS JÓVENES Y NIÑAS MÁS DISCRIMINADAS

Los expertos participantes mencionaron en repetidas ocasiones que ante la falta de alternativas, el crimen organizado y la informalidad son las opciones más comunes para las y los jóvenes. Sin embargo los patrones de involucramiento han cambiado.

Estudios de Ririki Intervención Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, muestran que las características de las y los jóvenes cooptados por el crimen organizado cambian hacia la participación cada vez mayor de niñas y jóvenes así como al reclutamiento de personas cada vez más jóvenes. “Sin embargo lo más grave es cómo las niñas y las adolescentes son susceptibles.” declaró Ramírez.

Por todo ello, las organizaciones también demandaron la creación de un sistema de acción para la juventud, educación de calidad y empleos dignos.

El pronunciamiento también fue firmado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).

10/PCH/LGL

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