Un grupo de 29 mujeres de San Luis Potosí presentaron amparos ante el Juzgado Tercero de Distrito de la entidad para impugnar la reforma constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción, ya que vulnera y desconoce los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución federal y criminaliza a las mujeres que recurran al aborto.
Con esta acción, realizada el pasado 21 de octubre, las mujeres de San Luis Potosí se suman a 633 más que se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): 67 de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo, 72 de Sonora y, recientemente, 60 de Campeche, para un total de 662 amparos por la misma causa.
Según información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), los amparos ya fueron admitidos, lo que significa que comenzarán los juicios para declarar inconstitucional la reforma potosina al artículo 16 de la Constitución local, aprobada el 21 de mayo de 2009.
La reforma, que entró en vigor el 3 de septiembre pasado, sólo hace excepciones en caso de violación o inseminación indebida, o cuando la madre corra peligro de muerte. Ante esas causales «no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos».
Sobre la forma en que una niña o una mujer puedan hacer la «comprobación de los hechos», las normas no detallan más. No obstante, tanto la Constitución local, como el Código Penal de la entidad contemplan las mismas excepciones para hacer punible el aborto.
La reforma fue aprobada en Comisiones por la mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), con el voto en contra de las diputadas Guadalupe Almaguer y Guadalupe Castro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y de Esther Angélica Martínez y José Belamares, del Partido del Trabajo (PT).
En comunicado de prensa, GIRE señaló que con la admisión de los 29 amparos el Congreso potosino deberá explicarle a la justicia federal por qué modificó la Constitución estatal violentando derechos básicos de las mujeres como derecho a la vida, a la protección de la salud, a la autonomía reproductiva y a la libertad de conciencia.
La reforma también anula la posibilidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por riegos para la salud de las mujeres o cuando ellas no cuentan con las condiciones sociales, materiales ni emocionales para llevar a término el embarazo, y además pone en riesgo el uso de métodos anticonceptivos que impiden la implantación de un óvulo fecundado, como el dispositivo intrauterino (DIU).
Cabe destacar que San Luis Potosí fijó un precedente en la lucha por los derechos de las mujeres al ser el primer estado, de los 16 que han modificado sus constituciones, que a través del Congreso Local llevó, el pasado 5 de octubre, un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local ante la SCJN.
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