El próximo martes el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentará un recurso de revisión de la sentencia que emitió la jueza federal, Guillermina Coutiño Mata, en la cual niega el amparo en contra del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a más de 23 mil trabajadoras y trabajadores electricistas activos, de los que alrededor de 10 por ciento son mujeres.
Así lo refirió en entrevista con Cimacnoticias Carlos de Buen, uno de los abogados del SME, quien en su momento participó en la argumentación jurídica del amparo y actualmente analiza el fallo de Coutiño Mata.
Carlos de Buen informó que es «muy probable» que el siguiente martes se presente el recurso de revisión de la sentencia de Coutiño Mata ante el Tribunal Colegiado de Circuito, en espera de que se resuelva de manera definitiva la petición de amparo en contra del decreto presidencial, que el pasado 11 de octubre dejó sin empleo a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil trabajadores de LyFC.
El abogado laboral refirió que tras la «inconsistente» decisión de la jueza federal, «tenemos un temor fundado sobre el futuro de la revisión, porque no hay autonomía». Es probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso «lo mandé a segunda sala o pleno, para retardar las cosas y debilitar el movimiento», advirtió de Buen.
A decir del especialista en justicia laboral, el fallo de Coutiño Mata, emitido el viernes pasado, es una decisión «fascista», en la que sobresalen dos temas particularmente «graves».
El primero de éstos, explicó, es que la titular del Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región, realizó una interpretación «amañada» del artículo 5 constitucional, en la que justifica el despido de cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres electricistas, por resguardar un bien social: el suministro de energía eléctrica.
Al respecto de Buen aclaró que se trata de «cosas diferentes», pues el empleo de las y los trabajadores de LyFC «no atacaba los derechos de un tercero, ni de la sociedad», circunstancia por la que la ley permite que se prive a las personas de su derecho al trabajo.
Además, puntualizó que el artículo 5 de la Carta Magna señala que el trabajo «sólo podrá vedarse por determinación judicial», ordenamiento que Coutiño Mata «se salta olímpicamente».
Cabe señalar, que Coutiño Mata negó el amparo interpuesto por 23 mil 800 trabajadoras y trabajadores activos, quienes representan 54.5 por ciento de los 43 mil 600 electricistas de LyFC, en contra del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con el argumento de que cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines, o su funcionamiento, sea inconveniente para la economía nacional, o interés público, el Ejecutivo puede proponer su liquidación.
En este sentido, la jueza indicó que «los empleados no tienen derecho a que un organismos descentralizado cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas siga subsistiendo, con el propósito de que conserven su fuente de trabajo».
Carlos de Buen reiteró que la decisión de la jueza federal, además de «fascista» se contrapone al fallo que emitió la misma Coutiño, el pasado 6 de noviembre, cuando aceptó la suspensión definitiva del decreto en tanto se resolvía la constitucionalidad del mismo, determinación con la cual reconoció que prevalecía la relación laboral entre las y los electricistas y la empresa.
Asimismo, el abogado opinó que la sentencia es violatoria a los derechos laborales de las y los trabajadores, pues contrario a lo que asevera la jueza federal, dijo, se transgredieron sus derechos desde el momento en el que se les negó la garantía de audiencia, misma que debió llevarse a cabo previo al decreto de extinción de la compañía.
Según el análisis de la sentencia, realizado por Carlos de Buen, la jueza federal «equipara el decreto con una ley», ante la cual, las y los trabajadores no tienen derecho a intervenir, ello representa una «falacia más», concluyó.
Cabe señalar, que además de las acciones por la vía jurídica, el SME buscará en lo político concretar la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación para esta semana. Mientras que en lo laboral demandarán la figura del patrón sustituto y el pago de aguinaldos y sueldos caídos, así como la elaboración del proyecto para la revisión del contrato colectivo, refirió Martín Esparza, dirigente del sindicato, en conferencia de prensa.
09/GCJ/ LGL
