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Ambigüedad en leyes sobre aborto terapéutico

Por Hypatia Velasco Ramírez

Antes de la reforma a su Código Penal, que criminaliza la práctica de todo tipo de aborto, incluso el que ocurre para salvar la vida de la madre, Nicaragua era el único país en Latinoamérica que permitía el aborto terapéutico, aunque sin definir las condiciones en las que se podría realizar.

Así, aunque existía el derecho legal de la práctica del aborto terapéutico, las mujeres en ese país no tenían a él tan fácilmente, señala el artículo ¿Deben los doctores ser jueces? Políticas ambiguas frente al aborto legal en Nicaragua de Heathe Luz McNaughton, Ellen MH Mitchell y Marta Maria Blandon, incluido en el libro Temas de Salud Reproductiva, editado por Reproductive Health Matters.

Según información del texto, la legislación sobre el aborto en Nicaragua privaba a las mujeres de autonomía, pues exigía que tres o más médicos aprobaran la solicitud de acceder a un aborto terapéutico legal. Tampoco eran libres para ejercer un derecho del cual la ley las hacía portadoras.

El artículo subraya que las mujeres que tendrían que haberse beneficiado del aborto terapéutico en este país, pudieron haber muerto innecesariamente debido a la falta de acceso.

La ambigüedad de la ley se colocó en la atención internacional en febrero del 2003 cuando se descubrió que una niña nicaragüense de nueve años, “Rosa”, estaba embarazada como consecuencia de una violación.

Aunque la legislación costarricense permite el aborto para proteger la salud de una mujer, los médicos responsables de la niña en Costa Rica, donde vivía con sus padres, negaron que el embarazo pusiera en riesgo su salud física o mental y “se negaron a contemplar la posibilidad de un aborto”,

Al regresar a Nicaragua, cuenta el artículo, la familia de Rosa solicitó un aborto terapéutico y el comité de médicos que la revisó explicó que proseguir con el embarazo o finalizarlo representaban el mismo riesgo, por lo que dejaron en manos de los padres la decisión.

Rosa tuvo una interrupción de su embarazo sin dificultades pero se puso en duda la legalidad del aborto, ante esto se abrió una investigación oficial con la finalidad de comprobar si los médicos habían violado la ley.

“Finalmente, el gobierno declaró oficialmente que los doctores eran inocentes de cualquier ofensa, dado que el aborto terapéutico estaba permitido” dice el artículo

“El comité nicaragüense evitó respaldar el aborto a causa de las enormes presiones políticas y la atención de los medios que afrontaba. En efecto, al dejar la decisión con la familia, se sometieron a la autoridad de las cortes,” concluye.

El texto sugiere que el gobierno conservador de Violeta Chamorro influyó en la disminución de abortos terapéuticos y provocó situaciones parecidas a las de Rosa.

Según estudios basados en datos del Hospital de maternidad más grande de Nicaragua, el Hospital Bertha Calderón Roque, hubo una caída dramática en la solicitud de abortos terapéuticos en este país toda vez que en 1989 se registraron 368 solicitudes, entre 1991 y 1992 sólo hubo 54 y dos después de 1999, subraya el artículo.

Este descenso, a decir de las autoras, coincidió con la elección de Violeta Chamorro en 1990 y de un gobierno conservador.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) registró tan sólo seis abortos legales en 2001 y lo mismo en 2002, destaca.

A decir de las autoras, los datos de estos registros dejan ver que los médicos negaron las solicitudes de aborto a mujeres con diagnósticos confirmados de preclampsia, hepatitis, diabetes, cáncer de colon, adicción alcohólica, sarampión y retardo mental.

“Las respuestas a los pedidos no estaban consistentemente basada en la patología” indican.

Como consecuencia, revelan que entre los años 2000 y 2003 murieron en Nicaragua en total 33 mujeres que sufrían situaciones de salud precarias que pudieron haber sido agravadas por el embarazo.

El artículo precisa que estas mujeres padecían enfermedades como tuberculosis, leucemia, problemas renales y cardiacos.

“Es imposible determinar a partir de los registros médicos si es que los proveedores les ofrecieron un aborto terapéutico o no. Igualmente es difícil discernir cuántas habrían recurrido al aborto de habérseles ofrecido”.

Al menos ocho países en el mundo han utilizado el término “aborto terapéutico” en la legislación sobre esta práctica: Francia, Alemania, España, Canadá, California, en Estados Unidos de Norteamérica, Honduras, Guatemala y anteriormente Nicaragua.

Las autoras destacan que aunque en su mayoría los demás países permiten el aborto en ciertas indicaciones médicas, esta práctica no se especifica como aborto terapéutico.

“Hasta que fue más restringido en 1985, la legislación hondureña sólo permitía el aborto terapéutico para proteger la salud de la mujer y en casos de malformación fetal y violación. La ley guatemalteca, por su parte, permite el aborto terapéutico únicamente para salvaguardar la vida de la población femenina” advierte.

06/HVR/GG

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