Indígenas triquis solicitaron el apoyo del presidente Vicente Fox y de las autoridades judiciales federales para que garanticen la seguridad de las y los habitantes de San Miguel Cópala de Guerrero, en Oaxaca, tras los asesinatos ocurridos en una emboscada en el paraje denominado «La Muralla de Tierra» por presuntos paramilitares.
Los incidentes comenzaron el 9 de julio de 2001, cuando dichos indígenas fueron atacados por aproximadamente diez sujetos, muriendo en el acto Teódulo Francisco Vázquez Catarino y, al día siguiente, Juan Ramírez Vázquez, informó la Red de la Sociedad Civil en un comunicado.
Entre los agresores nombrados por los denunciantes se encuentran Justo Teófilo Santos de Jesús, Emilio Santos Vásquez, Justo Quiroz Cruz, Paulino Salazar Allende, Julián Ramírez Martínez y Gregorio Pascual Hernández Santos, quienes emplearon armas de alto poder.
Al día siguiente, la comunidad presentó la denuncia 16/2001 correspondiente ante en Ministerio Público de la localidad y girándose inmediatamente orden de aprehensión (expediente penal número 39/2001) por parte del Juez Mixto de Primera Instancia el día 13 en contra de los 5 primeros agresores. Sin embargo, los presuntos responsables continúan en libertad.
Al observar que las órdenes de aprehensión no eran ejecutadas, 15 jefes de familia se vieron obligados a huir de la comunidad debido a las constantes amenazas de muerte emitidas por el grupo paramilitar, dejando a su familia en dicha población.
Denunciaron el reciente secuestro de los indígenas Pedro Hernández Bautista y Pedro Ignacio Hernández Rosas, el pasado 27 de enero de 2002, quienes fueron secuestrados en la casa de Julián Ramírez Martínez donde, por más de cinco horas, fueron golpeados y se les exigieron 15 mil pesos a cada uno, monto que debería ser entregado en un plazo de 15 días, de lo contrario, serían ejecutados.
Al ser liberados, los agraviados acudieron a presentar la denuncia correspondiente a la Agencia del Ministerio Público de Putla Villa de Guerrero, sin embargo, las amenazas hacia los pobladores de la comunidad continuaron, ya que personas ajenas a dicha localidad los obligaron a integrarse al proyecto paramilitar y, en caso de no estar de acuerdo, serían expulsados.
Por lo que la Red demanda la ejecución de las órdenes de aprehensión, la garantía de la integridad física de los lugareños, la indemnización de las personas afectadas y la desaparición de los grupos paramilitares en la región.
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