Integrantes del grupo civil Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), interpusieron una denuncia ante las autoridades por las amenazas de muerte contra los abogados Samuel Alfonso Castellanos Piñón y Beatriz Casas Arellanes, anunció el organismo.
En rueda de prensa, Reyna Vazquez y Nahyeli Ortiz, de ACAT México, informaron que los abogados son víctimas de hostigamiento debido al trabajo de defensa de los derechos humanos de los presos acusados de la muerte de 26 campesinos en los sucesos de Agua Fría, en la Sierra Sur de Oaxaca, ocurridos en 2002.
Los activistas pidieron que el gobierno del estado y la Procuraduría General de Justicia estatal muestren su preocupación por los derechos humanos de los abogados, presuntamente amenazados por integrantes de la comunidad de Santiago Xochilepec.
Ortiz explicó la denuncia tiene el objetivo de que las autoridades investiguen a fondo los hechos y anunció que se hará una difusión nacional e internacional de este acto de intimidación, «una práctica común en contra de los defensores de derechos humanos».
Esta es una oportunidad para que el gobierno del estado pase del discurso a la materialización en la defensa de los derechos humanos de los abogados intimidados, dijo la representante de ACAT México.
Explicó que el pasado uno de marzo, en las oficinas de ACAT Oaxaca -ubicadas a siete cuadras del Palacio de Gobierno y a una cuadra de la Casa Oficial- se encontró un anónimo que supuestamente proviene de los integrantes de la comunidad de Santiago Xochiltepec, en el que se amenaza al abogado Castellanos.
Más adelante, la Directora de ACAT México, Reyna Vazquez explicó que en el anónimo se vierten insultos y se hostiga a Beatriz Casas, así como de Carlos Cruz Mozo e Inocencio López Michel integrantes de la Organización Indígena de Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO) y de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), respectivamente.
Ese mismo día, el abogado se percató de que personas a quienes pudo observar un bulto en la cintura lo vigilaron y lo siguieron hasta la parada del autobús haciendo notar su presencia, por lo que mostraron sin disimulo alguno el bulto de la cintura, donde presumiblemente escondían armas.
Recordó que desde noviembre pasado, Castellanos Piñón y la voluntaria Casas Arellano llevan la defensa de los detenidos de Agua Fría. Con el paso de los meses seis de los 16 detenidos obtuvieron su libertad condicional, dos de ellos menores de edad.
Sin embargo, la Tercera Sala de lo Penal de Oaxaca dictó auto de formal prisión contra los otros 10, por lo que se interpusieron juicios de amparo que fueron resueltos favorablemente el pasado 24 de febrero por el Cuarto juez de Distrito del Estado de Oaxaca, quien ordenó a la Tercera Sala Penal volver a dictar auto de formal prisión en un proceso que ha sido viciado desde su origen.
Al respecto, Castellanos Piñón señaló que los amparos conseguidos no fueron suficientes, porque el proceso estaba lleno de irregularidades y violaciones a las garantías individuales y bajo ese argumento se esperaba la libertad de los presos, razón por la que se presume habrían sido intimidados.
Anunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha ofrecido medidas cautelares para protegerlo al igual que a Beatriz Casas Arellanes, sin embargo, está situación será estudiada por ACAT, quien también prevé la posibilidad del «acompañamiento».
Alejandro Cruz, de OIDHO, añadió que el proceso ha tenido muchos obstáculos y que muchas personas están interesadas en que los 10 detenidos de Las Huertas, Teojomulco, como responsables de la masacre no salgan de prisión.
Ellos fueron acusados directamente por las autoridades gubernamentales a través del procurador Sergio H. Santibáñez Franco y por el secretario de Protección Ciudadana, Heliodoro Díaz Escárraga, al día siguiente del enfrentamiento, por lo que es presumible una campaña de intimidación y desprestigio contra las organizaciones que han dado seguimiento al caso de Teojomulco-Xochiltepec.
LOS HECHOS
EL 31 de mayo de 2002, habitantes de la comunidad de Santiago Xochiltepec fueron baleados presuntamente por habitantes de Las Huertas, Teojomulco, comunidad con la que tienen problemas de tierras, cuando regresaban del aserradero, lo que provocó la muerte de 26 personas y dos lesionados más.
Tras los hechos fueron detenidas 17 personas, entre ellas una mujer de la tercera edad quien fue acusada por delitos del fuero federal porque se encontraron armas en su domicilio, y dos menores de edad.
Actualmente, la mujer continúa presa y no ha solicitado la intervención de ACAT, los dos menores obtuvieron su libertad condicional por el Consejo de Tutela y a 14 varones se les dictó auto de formal prisión por el Juez 40 del Distrito Judicial del Centro.
La tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó auto de libertad a favor de 4 de las 14 personas, quedando actualmente detenidas y procesadas 10, que interpusieron el juicio de amparo contra el auto de formal prisión que dicto la Tercera Sala.
El 24 de febrero, el juez cuarto de distrito en el estado les concedió el amparo y protección de la justicia federal a los 10 detenidos, por lo que la Tercera Sala del TSJ tendrá que dictar una nueva resolución a fin de subsanar las violaciones a las garantías individuales.
SJ/MEL
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