La periodista mexicana y reconocida defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho, recibió nuevas amenazas de muerte por su labor periodística, informó la organización internacional Artículo 19.
El pasado sábado 28 de julio Cacho se encontraba escribiendo en su estudio cuando aproximadamente a las 3:45 de la tarde le llegó una amenaza de muerte a través de su equipo de radiocomunicación.
En la bocina del radio se escuchó una voz masculina que le advirtió a la periodista que dejara de meterse con ellos para después lanzarle una seria amenaza, dijo Artículo 19 en una alerta difundida ayer.
La organización dijo que expertos en seguridad que asesoran a la comunicadora, quien ya se encuentra resguardada, consideran que los responsables tienen acceso a tecnología para intervenir su radio y hacerle llegar ese tipo de mensajes.
Artículo 19 afirmó que la reciente amenaza fue hecha con saña y que la intervención del aparato de radiocomunicación indica que se puede tratar de un acto realizado por mandos del crimen organizado.
Por lo anterior, Lydia Cacho ?acompañada de esta organización defensora de la libertad de expresión? presentó una denuncia por amenazas ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue el delito.
A mediados de este mes, el diario El Informador dio cuenta que la escritora era amenazada vía telefónica y por correos electrónicos intimidatorios que hacían referencia a su trabajo como reportera.
Las amenazas continúan pese a que en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la periodista tras varios actos de vigilancia y hostigamiento por parte de hombres armados.
Ante la gravedad de estos hechos, se anunció que informarán a la CIDH lo sucedido a esta periodista que en múltiples ocasiones ha denunciado la complicidad de políticos y empresarios en redes de explotación sexual y pornografía infantil.
Artículo 19 recordó que en este caso hizo un llamado al Estado mexicano para que cumpla cabal y efectivamente con la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
También recalcó que es deber de las autoridades investigar estos hechos y emprender todas las acciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables de las amenazas.
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