El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que a principios de 2005 revisó los expedientes de 24 víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, trabaja ya en la identificación de 53 osamentas que permanecen bajo custodia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE).
La intervención del EAAF en las investigaciones es resultado de un convenio firmado con la procuradora Patricia González, el cual establece que las especialistas analizarán los restos humanos y realizarán pruebas de ADN a los familiares de las mujeres desaparecidas, para determinar si las osamentas corresponden a alguna de ellas.
Además, las investigadoras forenses podrán solicitar la exhumación de algunos cuerpos en los que los familiares tienen dudas sobre los procedimientos empleados para su identificación, explicó Silvia Solís, vocera del Comité de la Campaña contra el Feminicidio y la Impunidad en Ciudad Juárez y Chihuahua.
El convenio ha sido bien recibido por los familiares de las víctimas, dado el prestigio del EAAF y el diagnóstico preliminar que presentaron las especialistas Mercedes Doretti y Patricia Bernardi hace unos meses, el cual confirmó las deficiencias e irregularidades que han caracterizado las investigaciones de los casos de feminicidio.
En esa ocasión, después de una revisión cuidadosa de los expedientes, las antropólogas afirmaron que las indagatorias se habían realizado con negligencia, falta de profesionalismo y una absoluta carencia de rigor científico.
Entre las deficiencias más graves destacaron que en los informes de las escenas del crimen constan afirmaciones sin fundamentos criminalísticos sobre el lugar en que fueron encontrados los cadáveres, un diagnóstico inapropiado acerca de la causa y modo de muerte, así como de los signos de violencia sexual.
Las forenses sostienen que en los expedientes se desconoce si practicaron o no los análisis correspondientes, ya que en ningún caso queda claro el tema, y señalaron que tampoco existen exámenes bucodentarios, toma de huellas dactilares o análisis de ADN.
Las especialistas destacan que la ausencia del rigor científico podía constatarse en la descripción de las lesiones a las que se atribuía la muerte, es decir en la falta de un método para establecer el perfil biológico, y señalan que incluso encontraron incongruencias en las fechas de los reportes, hojas no foliadas y, en algunos casos, falta de concordancia entre la carátula y el informe interior.
El informe también establece que las autoridades locales responsables de las investigaciones entre 1993 y 1997 no contaban con los recursos y técnicas forenses para evitar ese tipo de irregularidades y fallas.
Por todo lo anterior, el EAAF recomendó crear un organismo centralizador temporal, encargado de recopilar la información de todos los casos, sin facultades judiciales, pero con autoridad para investigar y solicitar nuevos peritajes y revisiones.
Las especialistas propusieron también cambiar a los peritos y no integrar al equipo a ninguno de los han participado hasta ahora en las investigaciones. Mercedes Doreti afirmó que es necesario crear un equipo independiente y con experiencia, integrado por expertos nacionales y extranjeros que asuman el total de los nuevos peritajes.
Recomendaron además agotar todos los esfuerzos para recuperar los restos de las mujeres no identificadas asesinadas en Ciudad Juárez, e incluso los de las víctimas que fueron depositados en la fosa común, a fin de identificarlos también.
El trabajo del EAAF tiene un sólido prestigio, pues ha participado en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en diferentes países. Sus aportaciones y hallazgos han sido decisivos para esclarecer, por ejemplo, lo ocurrido en la guerra sucia registrada durante la dictadura militar en Argentina, y ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.
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