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Analizan en foro anticoncepción de emergencia

Por María de la Luz González

Por sus efectos sobre la salud pública, los anticonceptivos, los antirretrovirales y las vacunas contra el paludismo y la tuberculosis deben formar parte de una lista de medicamentos de seguridad nacional, a fin de que el gobierno federal pueda garantizar su abasto dándoles el carácter de prioritarios.

Así lo consideró Vicente Díaz Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, AC (Mexfam), al participar en la mesa La anticoncepción de emergencia, ¿un derecho en discusión?, organizada por Cimac y la Fundación Friedrich Ebert.

Otro mecanismo necesario para asegurar el abasto de anticonceptivos, y de manera particular, de las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), afirmó, es la etiquetación de presupuestos, ya que actualmente los recursos para anticonceptivos se engloban de manera general en el renglón de salud, lo que impide saber qué cantidad se asigna a cada área de atención.

Esa es una de las razones por las que, al incluirse las PAE en el cuadro básico de medicamentos luego de la aprobación del presupuesto, los gobiernos estatales argumentan que carecen de recursos para su adquisición.

Sobre la polémica generada en torno a las PAE, Díaz Sánchez aseguró que están en juego el derecho a la información y el derecho de acceso a las píldoras, ya que, de acuerdo con una encuesta sobre salud sexual y reproductiva realizada por la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 90 por ciento de los jóvenes conocen los anticonceptivos, pero sólo 40 por ciento usa alguno.

Esas cifras, consideró, evidencian la diferencia entre información sobre los métodos, el acceso y las prácticas reproductivas.

Consuelo Mejía, directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que el tema se está discutiendo ahora porque los servidores públicos responsables de la toma de decisiones han permitido que las concepciones morales y religiosas se crucen con el diseño de políticas públicas, lo que no debe ocurrir en un estado laico como el mexicano.

Ante el resurgimiento de las presiones para echar abajo derechos legítimamente conquistados, como el acceso a los anticonceptivos, a las PAE y al aborto legal, Mejía recordó los resultados de la Encuesta de Opinión Católica en México, que evidencia el divorcio entre las posiciones de la jerarquía católica y los creyentes.

De acuerdo con esta encuesta, destacó, 88 por ciento de los católicos apoya que las PAE sean proporcionadas por los servicios de salud pública a mujeres víctimas de una violación, y 76 por ciento considera que la anticoncepción de emergencia debe incluirse como una opción más entre los métodos gratuitos que ofrecen los hospitales públicos, las clínicas y los centros de salud del país.

Martha Juárez, líder de proyectos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), rechazó que con la inclusión de las PAE en el cuadro básico de medicamentos se estén enviando señales equivocadas, sobre todo a la población joven, para ejercer su sexualidad de manera irresponsable.

Destacó que, por el contrario, los resultados en países como China y Estados Unidos, donde las PAE han estado disponibles por más tiempo, se han registrado reducciones importantes tanto de abortos practicados como de embarazos no deseados.

Más aún, dijo, la posibilidad de tener acceso a la anticoncepción de emergencia impulsa a los jóvenes a informarse sobre los métodos existentes y, en el mediano plazo, a optar por alguno de ellos.

05/LG/YT

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