Como parte de la campaña regional de acceso a la justicia que se desarrolla en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la abogada Karla Michel Salas y María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México, compartieron con las nicaragüenses, la experiencia exitosa de acceso a la justicia del caso conocido como «Campo Algodonero».
El caso se refiere a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del estado mexicano por el feminicicio que afecta a ese país, pero cuya resolución establece precedentes para el resto de Estados latinoamericanos de garantizar la vida de las mujeres.
La abogada Salas, compartió la experiencia del caso Campo Algodonero con mujeres de organizaciones nicaragüenses, preocupadas por el aumento de feminicidios en Nicaragua a fin de documentar la información y llevar la denuncia ante el organismo internacional.
Lo más grave es que por el vacío de las leyes nicaragüenses la mayoría de los asesinos andan libres, denunció Virginia Meneses al informar que de 49 mujeres asesinadas en el presente año, solo 17 hombres han sido condenados, mientras los 32 restantes están libres por la falta de acción policial.
«Eso representa que aproximadamente el 66 por ciento de asesinos anda libre y son un peligro». Estos hombres matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La mayoría de los victimarios son sus propios maridos, parejas, novios y hasta sus padres, subrayó Meneses.
Hay resolutivos en la sentencia Campo Algodonero de la CoIDH que Nicaragua debe tomar en cuenta como estado miembro del sistema interamericano en lo relativo a los convenios firmados por esa nación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dijo Virginia Meneses, de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
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