El estado que guardan los derechos civiles y políticos en México será evaluado por un comité de expertos independientes electos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el próximo 8 y 9 de marzo en Nueva York, luego de diez años del último examen en la materia.
Después de recibir los informes que presentó México y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), el comité analizará el grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -acuerdo suscrito el 16 de diciembre de 1966- que indica que los Estados Partes se comprometen a garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos.
La importancia de la evaluación radica en que después de la última revisión, realizada en 1999, ahora el Estado podrá dar cuenta de lo que ha hecho, sus avances y retrocesos, en un campo muy grande como son los derechos civiles y políticos que abarcan temas de seguridad, impunidad, justicia, tortura, militarización, libertad de expresión y derechos político-electorales.
Así lo señaló en entrevista con Cimacnoticias Edgar Cortez Moralez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos», quien dijo que esta será una oportunidad para analizar los derechos humanos en un periodo de tres gobiernos distintos: de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
En este sentido, afirmó que hay un conjunto de temas que se han mantenido y agravado en esta década. Entre ellos se encuentran los derechos sexuales y reproductivos, la militarización del país, el acceso a la justicia y la libertad de expresión, mientras que el tema de la tortura se ha mantenido.
El retroceso en derechos sexuales y reproductivos se ha agravado debido a que las reformas a las Constituciones locales en 17 estados del país que protegen la vida desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo limitan los derechos de las mujeres.
En algunas de estas legislaciones también se imposibilita el uso del Dispositivo Intrauterino (DIU), el cual impide que el óvulo fecundado se implante en el endometrio, siendo éste el segundo método de anticoncepción más utilizado por las mujeres en México. Aunado a esto se penaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado y no se da una cobertura amplia de métodos anticonceptivos.
Cortez Moralez explicó que se espera que en la evaluación se incluya el tema la necesidad de un cambio en materia de justicia penal, pues afirmó que «aunque hay una reforma, esta no es implementada de manera adecuada».
El sistema carcelario mexicano no procura condiciones adecuadas para el ejercicio y goce de los derechos humanos, en especial de las mujeres. Mencionó que a pesar de los avances en materia legal que garantizan la igualdad jurídica de derechos de hombres y mujeres, existen en la práctica relaciones desiguales de poder que desfavorecen a las mujeres.
En este contexto el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de haber secuestrado a seis miembros de la AFI, es un claro ejemplo de las deficiencias del sistema de justicia, pues carecieron de la asistencia legal especializada que ordena la Constitución. No obstante hasta hoy, Alberta y Teresa -mujeres, indígenas y pobres- permanecen en la cárcel.
Un tema más a revisar es el de la militarización que se ha agravado desde que el gobierno mexicano implementó una estrategia de combate al crimen organizado y al narcotráfico al asignar a los elementos del Ejército Mexicano en las tareas de seguridad pública.
Este despliegue de efectivos militares, apoyado por Felipe Calderón Hinojosa, ha traído una serie de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y la sociedad en general, tales como extorsiones, detenciones y cateos sin orden judicial, torturas, daño en propiedad ajena, violaciones y robos entre otros muchos.
Por otra parte la vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión, tema que también será presentado por las OSC ha empeorado en los últimos años. De acuerdo con la organización Artículo 19 en México prevalece un ambiente de impunidad y las autoridades siguen siendo las principales presuntas responsables de las agresiones contra periodistas
Hay que recordar que el pasado 22 de febrero el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) presentó su informe «Gobierno y narco: la lucha por imponer la agenda periodística», sobre el estado de la libertad de expresión en México correspondiente a 2009, donde se documentó el asesinato de 13 comunicadores.
El CEPET registró además 183 agresiones contra periodistas y 19 medios de comunicación por razones vinculadas con su labor informativa y concluyó que hubo un aumento de 13 casos, es decir un 10.23 por ciento más en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes.
Finalmente el ex candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) mencionó que evaluar qué tanto se ha hecho y cuáles son los avances de México desde las últimas recomendaciones que el comité de la ONU le hizo será un indicador para renovar sus esfuerzos en términos de cumplimiento de derechos humanos.
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