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Andanada internacional por el derecho a decidir en Nicaragua

Por Nelson Rodríguez, corresponsal

Amnistía Internacional (AI) confió en entregar en breve una petición respaldada con más de 200 mil firmas, al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a fin de que despenalice el aborto terapéutico en beneficio de miles de niñas que quedan embarazadas por violaciones sexuales.

Las 212 mil 165 firmas fueron recogidas por AI en 115 países, como parte de su demanda al Estado nicaragüense para que disminuya los altos niveles de violencia sexual contra niñas y adolescentes, y derogue la ley que criminaliza todas las formas de aborto.

En 2011 una delegación de AI visitó Nicaragua y solicitó una reunión con Daniel Ortega para entregarle las firmas, pero el encuentro no fue posible.

AI, junto con organizaciones civiles nicaragüenses, también recolectó más de 50 mil postales virtuales en forma de mariposas, como símbolo de esperanza para el futuro de niñas y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual.

Para Ipas Centroamérica, la campaña ha tenido un impacto positivo para evidenciar a nivel nacional e internacional la tragedia que viven muchas niñas, quienes además de la violencia que padecen, tienen que lidiar con un embarazo producto de la violación.

MOVILIZACIÓN

Ipas, al igual que otras organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, mantiene firme la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional la ley que penaliza el aborto terapéutico.

Si bien la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada en enero pasado, es un avance contra la violencia de género, carece de un enfoque específico sobre niñas y adolescentes, advirtió AI.

En julio de 2009 AI inició la campaña contra la criminalización de todas las formas de aborto en Nicaragua, luego de que desde 2008 el nuevo Código Penal castiga también la interrupción de un embarazo producto de violación.

En noviembre de 2011 la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, dijo que no entendía si la campaña de AI era a favor de las mujeres o “en contra del Estado de Nicaragua”.

“Si hablamos de violencia sexual contra las mujeres, los índices en Nicaragua no son mayores que en otros países; quisiera que fueron menores, pero tampoco son mayores. El índice promedio es de 80 mujeres que sufren violencia sexual, intrafamiliar, no muerte, por cada 100 mil mujeres; ése es el índice general”, dijo Ramos en su momento.

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua, integrado por grupos de mujeres y de DH, demandó en una multitudinaria marcha el pasado 28 de septiembre que la Corte Suprema de Justicia resuelva varios recursos por inconstitucionalidad contra la prohibición del aborto terapéutico presentados en 2007, y que a la fecha están “congelados”.

El aborto terapéutico era el único que estaba permitido en el país centroamericano, pero en 2006 el Ejecutivo y los diputados derogaron ese derecho. Líderes religiosos argumentaron que bajo esa figura había abuso y se violentaba “el derecho a la vida desde la concepción”.

En 2006, antes de que se prohibiera el aborto, 21 asociaciones médicas nicaragüenses emitieron una declaración contra la penalización de la interrupción del embarazo. Advirtieron que se limitaría la capacidad de las y los médicos para prestar asistencia y ejercer su profesión.

Cinco comités de Naciones Unidas, entre ellos el de Contra la Tortura, han instado a Nicaragua a modificar la ley que prohíbe el aborto terapéutico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además ha solicitado acciones para abordar de forma integral la problemática que sufren niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual.

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