Ser pobre, indígena, migrante y mujer, colocó a Ángela Alejandro Ortiz en una situación de gran vulnerabilidad, lo cual llevó a su hija a vivir la muerte de su madre y enfrentar una vida nada fácil en Chihuahua.
Yozondacua, Llano del Carmen, es una comunidad mixteca de aproximadamente 200 habitantes, ubicada en el municipio de Cochoapo El Grande, en el estado de Guerrero. Esa región ocupa los primeros lugares en pobreza en América Latina y es el principal expulsor de jornaleros agrícolas a diferentes estados de la República, entre ellos Chihuahua.
Ahí nació Ángela, la mayor de siete hermanos, que tenía 26 años cuando fue asesinada.
Era madre soltera de una niña de cuatro años de edad. En marzo de 2002, decidió viajar al norte del país en busca de ingresos económicos. Dos meses después se comunicó con sus papás, Francisca Ortiz Flores y Francisco Alejandro Varela, para decirles que había llegado a Sonora, a una comunidad llamada Vizcaíno.
A los cuatro meses les llamó de nuevo y les informó que estaba viviendo con Porfirio Santiago González, originario de Oaxaca y quien también hablaba la lengua mixteca, como ella.
Posteriormente, les dio a conocer que estaba embarazada y que su hija mayor estaba bien. Esa ocasión les llamó desde La Palma, Sonora.
Fue la última vez que supieron de ella.
En 2003, los padres de Ángela decidieron emprender la búsqueda de su hija. Llegaron a Sonora, donde les informaron que ya no se encontraba allí. Recorrieron Mexicali, Ensenada, Sonora, Sinaloa, pero sólo les indicaban que su Ángela había estado en ese lugar y se había ido.
Los papás de Ángela se emplearon como jornaleros para continuar la búsqueda. Hasta 2006 llegaron a Casas Grandes, Chihuahua, y allí se encontraron con un tío de Ángela, quien les informó que la joven había sido asesinada.
Buscaron apoyo en el Instituto Chihuahuense de la Mujer, que los apoyó para acudir a la Procuraduría de Justicia del Estado, donde les mostraron fotografías de mujeres asesinadas y reconocieron entre ellas a su hija.
LA IDENTIFICACIÓN
En noviembre de 2006, se realizaron estudios de ADN al cuerpo de Ángela y a sus papás. Pero hasta mayo de 2007 les informaron que el cuerpo al que le habían hecho la prueba sí correspondía al de su hija.
En 2006, cuando identificaron el cuerpo, también buscaron a su nieta, quien ya tenía 9 años de edad. La niña estaba en una casa hogar y el pastor que estaba a cargo la había registrado como su hija, ella le decía papi. De esa manera, los abuelos iniciaron un juicio para pelear la guardia y custodia de la niña.
Por intervención de Lucía Chavira Acosta, directora del DIF Municipal, el caso se agilizó y hace apenas unos días les entregaron a su nieta, quien viajó con ellos a Ciudad Juárez para recibir la osamenta de Ángela, con el fin de trasladarla a Guerrero.
De acuerdo con los usos y costumbres de la familia Alejandro Ortiz, el alma de Ángela no descansará hasta que entierren sus restos, para lo cual regresarán a Guerrero.
Pero pronto volverán al norte para investigar si existe otro hijo de Ángela, pues ella les había confirmado que estaba embarazada y nada se sabe del paradero de la o el menor de edad.
La pareja de Ángela, Porfirio Santiago, tenía seis hijos y ella se hacía cargo de ellos. Sin embargo, la familia Alejandro Ortiz no sabe si uno de esos niños es el otro nieto que buscan.
En ese sentido, Chavira Acosta les indicó que el DIF estatal pondrá todo de su parte para coadyuvar con la Procuraduría de la Defensa del Menor en Casas Grandes para investigar el caso.
La familia de Ángela se apoyó en el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, para hacer todos los trámites y los traslados a Chihuahua. Y fue el Centro el que contactó con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en esta ciudad.
De esa manera, Neil Arias Vitinio, asesor jurídico de Tlachinollan, viajó con la familia a Chihuahua, y estuvieron hace unos días en Juárez, así como Simitrio Guerrero Comonfort, abogado de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Gobierno del estado.
Por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, los asesoró Luz Estela Castro, directora de dicha asociación.
EL HOMICIDIO
En noviembre de 2003, Ángela vivía en Casa Grandes con Porfirio Santiago. Un día, ella salió a la tienda y cuando regresó, se encontraban en su casa, además de los niños, Rutilio Díaz Martínez y Catalina Ortiz.
Cuando entró a su casa, sorprendió a Porfirio con Catalina en una situación comprometedora, se molestó y le reclamó a su pareja. El comenzó a golpearla y los otros dos le ayudaron hasta darle muerte. La hija de Ángela presenció todo, ahora lo recuerda y dice que fueron varios hombres, pero no los identifica, ya que tenía 5 años de edad.
Aventaron el cuerpo en un barranco. Porfirio levantó un acta en contra de Ángela por abandono de hogar y de su hija.
Después de un tiempo, un hombre que paseaba a caballo por el lugar encontró el cuerpo y lo reportó a las autoridades. Iniciaron las investigaciones y descubrieron lo que había sucedido, pero detuvieron únicamente a Porfirio y a Rutilio, la mujer está libre.
Sentenciaron a cada uno a cuatro años de prisión, pero el Ministerio Público apeló la sentencia y ahora están condenados a 14 años de prisión en Casas Grandes.
Mientras tanto, la niña se encontraba en el ejido Constitución, donde permaneció cuatro años.
La situación nos ha lastimado mucho. Pedimos a las autoridades que investiguen y que estos se esclarezca, para que garanticen seguridad jurídica, manifestó la mamá de Ángela, quien requiere de traductor Simitrio Guerrero, representante del estado de Guerrero, para expresarse.
MUJERES INDÍGENAS, SIN GARANTÍAS
Con la situación que vivió Ángela, se entiende que no hay instancias de procuración que garanticen la integridad de mujeres indígenas, por lo que el grado de vulnerabilidad es grave, expresó Neil Arias Vitinio, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Considera que es una situación de injusticia, de violencia que existe en varios estados y demanda la creación de instancias que garanticen la integridad de las mujeres indígenas.
Los familiares de Ángela Alejandro Ortíz viajaron esta semana a ciudad Juárez para iniciar el trámite de entrega de la osamenta de la joven, con el fin de llevarla al pueblo de Yozondacua, Llano del Carmen en el estado de Guerrero y sepultarla.
El cuerpo se encontraba en la ciudad fronteriza en refrigeración desde 2003, a cargo de la Procuraduría de Justicia del Estado, debido a que está considerado como parte del fenómeno de feminicidio que se ha suscitado en el estado desde hace años.
Zenaida, hija de Ángela, viajó con ellos, ya que de allí se trasladarán a Guerrero, donde vivirá con sus abuelos.
Zenaida, dicen en Tlachinollan «se enterará que pertenece al pueblo Na savi y que su historia forma parte de la memoria colectiva de los pueblos olvidados de México. Volverá a caminar por los bordes de la muerte».
Los padres de Ángela esperarán a que las autoridades chihuahuenses investiguen si ella tuvo otro hijo y, si existe, buscar su paradero para iniciar los trámites con el fin de lograr su guardia y custodia.
07/PM/GG
