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Año de violencia exacerbada contra las periodistas

Por Anayeli García Martínez
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La desaparición de Zoila Márquez, periodista del portal de noticias Línea Informativa de Zacatecas, ocurrida el pasado sábado 7 de diciembre cuando se dirigía en su automóvil a un videoclub, forma parte del clima de ataques y atentados que vive el gremio periodístico durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto.  
 
Los dichos del procurador del estado, Arturo Nahle García, quien asegura que el caso de Zoila Márquez no es un secuestro, sin que revele tampoco avances en las investigaciones, son también ejemplo de la incertidumbre en que están tanto periodistas como familiares respecto a las indagaciones de los casos.
 
Este 2013 fue un año más donde las autoridades federales y estatales se dedicaron a encubrir a los grupos criminales que amenazan a aquellas personas que se dedican a informar y a ejercer el derecho a la libertad de expresión, o bien un año en el que los funcionarios prefirieron amenazar a las y los reporteros en vez de protegerlos.
 
Con la desaparición de Zoila suman tres los casos de periodistas sin aparecer y seis de comunicadores asesinados en lo que va de este año, según el recuento de organizaciones por la libertad de expresión y asociaciones de reporteros.
 
Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentó 17 casos de agresiones a reporteras y 19 contra trabajadoras de los medios de comunicación.
 
Pese a estos casos, durante 2013 las acciones de la actual administración se limitaron a escasas declaraciones, como la realizada por Peña Nieto durante el homenaje que le brindó al veterano comunicador Jacobo Zabludovsky, donde el Ejecutivo refrendó su compromiso con la libertad de expresión. 
 
INDIFERENCIA DEL GOBIERNO
 
El gobierno de Peña Nieto inició con la firma del Pacto por México, un acuerdo signado entre las principales fuerzas políticas y entre cuyos compromisos está el de fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.
 
En ese acuerdo el gobierno federal afirmó que los ataques del crimen organizado contra las y los comunicadores requerían de una solución de mayor alcance que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
Por ello los integrantes del Pacto acordaron crear otra instancia especial en la que participarían autoridades y miembros de la sociedad civil organizada. Según este acuerdo, la nueva instancia se abocaría a establecer los mecanismos de protección acordes, pero al final la propuesta no se debatió ni prosperó.
 
Si bien a la fecha permanece el mecanismo de protección, no hay medidas de prevención o acciones que abatan la impunidad pese a la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR).
 
Es así que se han documentado casos como el ocurrido en octubre pasado cuando la reportera chiapaneca Fátima Monterrosa, junto al camarógrafo Víctor Olvera, ambos del programa televisivo “Punto de partida”, fueron asaltados, golpeados y humillados por docentes mientras realizaban su labor informativa.
 
Otro más fue el acoso contra la periodista Rocío Gallegos, quien trabaja para el Diario de Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien en mayo denunció que fue víctima de acoso e intimidación por parte de Manuel Magaña Domínguez, socio de Francisco Antonio Villa Murillo, acusado ante las autoridades estatales y federales por el delito de fraude.
 
También están otros tipos de violencia; por ejemplo, en noviembre Dalia Patiño González señaló que fue despedida de manera injustificada de su cargo como editora del diario El Heraldo de Puebla. En este caso la periodista además vivió calumnias por parte de los directivos del medio de comunicación donde laboró por seis años.
 
EN LA MIRA INTERNACIONAL
 
Ante esta realidad que afecta a todas aquellas personas que ejercen el periodismo y debido a que cada vez salen a la luz más casos de reporteras agredidas, acosadas o asesinadas, en 2013 organismos internacionales pusieron especial atención a las agresiones contra las mujeres periodistas.
 
Es el caso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en octubre pasado sometió al Estado mexicano al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de evaluación donde los países integrantes hacen recomendaciones a fin de garantizar la vigencia y respeto de las garantías humanitarias.
 
En general, la comunidad internacional expresó su preocupación porque el gremio periodístico realice su trabajo bajo fuego, en medio de amenazas, censura, ataques y asesinatos, por lo que llamó a fortalecer y dotar de recursos a las instancias que se encargan de atender a esta población.
 
Ante los señalamientos, el Estado respondió que se creó el Mecanismo de Protección y que se publicó una reforma al Código Penal Federal, que otorga la facultad a la FEADLE de atraer los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
 
Asimismo informó que desde el 1 enero de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2013 se habían iniciado 458 averiguaciones previas por diversos delitos cometidos contra la libertad de expresión.
 
En total, se habían concluido 374 investigaciones y aprobado 172 medidas de protección preventiva y de asistencia para periodistas en riesgo. Pero el Estado mexicano no dio el número de casos concluidos con los agresores en la cárcel.
 
No obstante, en el contexto del EPU la delegación de Estonia exhortó a México a continuar la lucha contra la impunidad, especialmente en relación con la violencia contra las mujeres, niñas, niños, personas defensoras, periodistas y otros grupos vulnerables.
 
En el mismo tono, Austria invitó a garantizar un entorno seguro, libre e independiente para las y los periodistas, y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos se investiguen en organismos independientes e imparciales.
 
Colombia, por su parte, llamó a fortalecer el Mecanismo de Protección y dotarlo de capacidad preventiva tomando en cuenta que las amenazas de las redes del crimen organizado contra la libertad de expresión y de prensa representan un alto daño a la sociedad.
 
Siguiendo la línea crítica, otras delegaciones como los Países Bajos, Reino Unido, Irlanda del Norte, Estados Unidos, Australia, Noruega, Republica Checa, Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, República de Corea, Eslovaquia, Suecia, Rumania, España y Japón, entre otras, hicieron recomendaciones similares.
 
EL PAPEL DE LOS MEDIOS
 
La ONU también expresó su interés por la situación de la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación a través de las recomendaciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), y del Foro Mundial sobre Género y Medios, que se celebró del 2 al 4 de diciembre en Bangkok, Tailandia.
 
Al concluir su periodo de sesiones del 4 al 15 de marzo, la CSW emitió recomendaciones en las que reconoce la importante función que pueden desempeñar los medios de comunicación en la eliminación de los estereotipos de género.
 
A decir de la instancia internacional, los medios perpetúan la discriminación de género en los anuncios comerciales y en la manera de informar, por ello consideró que se deberían tomar medidas como el respeto de la confidencialidad de la identidad de las víctimas.
 
Para la CSW es necesario que, sin atentar contra la libertad de expresión, se aliente a los medios a mejorar la conciencia pública sobre la violencia de género, ofrecer capacitación a su personal, y desarrollar y mejorar mecanismos de autorregulación para promover una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres.
 
Con miras a eliminar la discriminación y la explotación de las mujeres y las niñas y lograr que los medios se abstengan de mostrarlas como seres inferiores u objetos sexuales y de explotación, el organismo pidió tomar acciones para colocarlas como seres humanos creativos, y como agentes principales y beneficiarias del proceso de desarrollo.
 
Meses más tarde, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organizó el Foro Mundial sobre Género y Medios, a fin de evaluar en este tema los avances de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995.
 
En el foro que congregó a empresarios de los medios, periodistas, académicos y defensores de la libertad de expresión, se hizo un balance sobre la presencia de las mujeres como sujetas de la noticia, sus magras condiciones como reporteras, y el rezago en la representación femenina en radio, televisión y prensa escrita.
 
Los temas de interés se enfocaron a buscar estrategias para la incorporación del enfoque de género en la enseñanza del periodismo, la seguridad de las mujeres periodistas, la elaboración de informes sobre violencia de género, y marcos jurídicos y regulatorios sobre los derechos femeninos en relación con los medios.
 
Con esta agenda pendiente y el reto de acelerar los avances en la materia, 82 instituciones de todo el mundo conformaron la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género para promover la igualdad a través de los medios y aminorar la violencia contra las periodistas.
 
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