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Ante alarde oficial, urge cumplir recomendaciones del EPU

Por Anayeli García Martínez
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En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) –mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar a los países en materia humanitaria–, México aceptó 166 de 176 recomendaciones emitidas por Naciones Unidas, entre ellas las referentes a los derechos de las mujeres y de protección a activistas, pero grupos civiles alertaron que ahora el reto es que se cumplan.
 
En la sesión hoy de la instancia de la ONU en Ginebra, Suiza, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dieron el posicionamiento del Estado mexicano respecto a las recomendaciones emitidas en octubre de 2013.
 
En la reunión participaron además representantes de más de 30 organizaciones civiles mexicanas para emitir su postura.
 
María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Emilie De Wolf, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Zulma Méndez, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, dijeron que el paso siguiente es la implementación de las medidas.
 
MUJERES Y DEFENSORAS
 
En entrevista telefónica desde Ginebra, Zulma Méndez destacó que si bien se aceptó casi la totalidad de recomendaciones –entre ellas nueve para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y dos más sobre mujeres defensoras–, ahora hay que hacer realidad los compromisos adoptados.
 
Agregó que es preocupante la inconsistencia entre el discurso del Estado mexicano y la realidad en el país, ya que mientras la delegación oficial reafirmó su compromiso en la materia, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 242 agresiones contra defensoras en 2013.
 
La activista dijo además que en muchos de los casos las defensoras prefieren no hacer una denuncia, lo que indica que hay un subregistro y una ausencia de cifras, lo que ya es una limitante para crear medidas de protección específicas para ellas.
 
También en entrevista, Emilie De Wolf coincidió en que si bien se acepta la mayoría de recomendaciones muchas veces éstas se quedan en el discurso, y por tanto las organizaciones están a la espera de ver cuál será la estrategia para cumplirlas y darles seguimiento.
 
Señaló además que los derechos femeninos y la igualdad de género es el tema mayúsculo de las recomendaciones de la ONU (con 43), lo que demuestra que la violencia contra las mexicanas aún es un problema que se debe resolver.
 
También consultada por esta agencia, María Luisa Aguilar Rodríguez dijo que la intención de los grupos civiles fue dejar en claro que la implementación de las recomendaciones es el gran reto, toda vez que México es uno de los países con más exhortos de organismos internacionales, muchos de los cuales se repitieron en el EPU de octubre de 2013.
 
En este sentido sostuvo que hay que pasar de ser un Estado abierto al escrutinio a un Estado con cambios, porque los funcionarios siempre aceptan los llamados internacionales como el que se refiere a reformar el Código de Justicia Militar, pero en la práctica en el plano nacional no hay una modificación legal al respecto.
 
RESPUESTAS PARCIALES
 
En el documento que entregó México al Consejo de Derechos Humanos de la ONU se indicó que aceptaba la recomendación de garantizar la aplicación de las leyes de igualdad, y emprender iniciativas para erradicar los estereotipos de género.
 
Asimismo, el Ejecutivo federal abundó que en agosto de 2013 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo que contempla la perspectiva de género como eje transversal.
 
Cabe acotar que México rechazó la recomendación emitida por la Santa Sede de “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, pero aclaró que reafirmaba su respeto al “derecho a la vida” tal y como lo marca la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
El Estado mexicano añadió que no podía asegurar que las legislaciones en materia del derecho a la vida en las entidades fueran uniformes.
 
COMPROMISO OFICIAL
 
Al dar el posicionamiento oficial, el subsecretario Gómez Robledo explicó que más de la mitad de las recomendaciones emitidas en 2013 se refieren a consolidar o avanzar en procesos que ya están en curso, como dar presupuestos a mecanismos o instituciones existentes, e implementar leyes y armonizar la legislación.
 
En este sentido dijo que el mensaje de la comunidad internacional era hacer un llamado para que México consolide los avances registrados como la reforma de 2008 al sistema penal, la reforma de 2011 en materia Derechos Humanos, la aprobación en marzo del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros.
 
Es de destacar que a diferencia de hace cuatro años (2009), el Estado mexicano ahora aceptó las recomendaciones en materia de seguridad y jurisdicción militar que hizo el EPU en 2013.
 
Triunfalista, Juan Manuel Gómez Robledo resaltó que se ha dado “un salto a favor” de las garantías humanitarias desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las violaciones cometidas por las fuerzas armadas deben investigarse y sancionarse en el sistema de justicia civil, un tema que fue motivo de preocupación en el EPU del año pasado.
 
No obstante, cabe señalar que distintos organismos internacionales siguen insistiendo en que debe reformarse el Código de Justicia Militar para que las violaciones cometidas por fuerzas castrenses sean juzgadas en el fuero civil, lo que hasta ahora no ha ocurrido pese a que desde 2013 está “congelado” un predictamen en el Senado en este sentido.
 
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