Inicio Ante ONU, Gobierno mexicano omitió hablar de cómo prohíbe ILE

Ante ONU, Gobierno mexicano omitió hablar de cómo prohíbe ILE

Por Lourdes Godínez Leal

El Gobierno mexicano evadió hablar sobre las modificaciones a los constituciones estatales en 13 entidades federativas que protegen la vida desde el momento de la concepción (sic), que implican, junto con otras acciones emprendidas, retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, durante la sesión de ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como parte del Examen Periódico Universal (EPU).

Al ser cuestionado al respecto por el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, organización civil defensora de derechos humanos, el Gobierno mexicano guardó silencio, pero “presumió” ante el Consejo los “logros” alcanzados, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la reciente modificación a la Norma Oficial Mexicana Sobre violencia familiar y sexual, la cual fue modificada por las mismas autoridades de Salud pese a que faltaba solo su publicación.

En entrevista al término de la conferencia de prensa donde las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos hicieron una evaluación del EPU para el caso de México, Edgar Cortéz, de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que lo que el Gobierno omitió decir ante el Consejo es que detrás de estas modificaciones está la intención de imposibilitar a las mujeres decidir libremente decidir interrumpir legalmente un embarazo.

Si bien el activista reconoció la autonomía de los estados, consideró que el Gobierno federal tendría que pronunciarse al respecto al ser éste el responsable de promover y garantizar el estándar más alto de protección de los derechos humanos.

El Gobierno mexicano únicamente se refirió al tema de violencia contra las mujeres y en este sentido anunció como “un gran avance” la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que se ha aprobado en la mayoría de las entidades federativas y cuyo origen no fue iniciativa gubernametal o del partido en el poder (Partido Acción Nacional), sino de una iniciativa de las ex legisladoras feministas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña.

La NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación, fue otro “avance” que México expuso ante la ONU.

Lo que no les dijo el Estado mexicano, insistió Cortéz, es que durante meses se opusieron a su publicación, pese a que desde julio del año pasado la NOM estaba lista para ser publicada.

Cabe recordar que uno de los motivos por los que no se publicó en tiempo y forma la NOM, es porque obliga a los prestadores de los servicios de salud a ofrecer a las mujeres víctimas de violación el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Anticoncepción de Emergencia (AE).

Aunque la NOM 046 ha entrado en vigor, ya hay denuncias de que tampoco se está aplicando en las entidades federativas, donde los médicos se han amparado para no ofrecer estos servicios pretextando la objeción de conciencia.

Todo ello, dijo Edgar Cortéz, es una clara muestra del retroceso que se está dando en materia de derechos humanos y que le preocupa a la comunidad internacional, quien recordó, hizo 91 recomendaciones al Estado mexicano.

SOBRE FUERO MILITAR

El activista de la RTDT lamentó que el Estado mexicano haya rechazado las 8 recomendaciones referentes al fuero militar y arraigo ya que estos son temas centrales del trabajo de denuncia que durante años han venido señalando las ONG y que ponen énfasis en donde están las fallas importantes de derechos humanos.

Pero también observó que es una muestra de que el tema en México está marginado, que no hay instituciones que permitan hacerle frente a las violaciones de derechos humanos aún y cuando existe un Programa Nacional de Derechos Humanos para esta administración.

Como reportó esta agencia ayer, Edgar Cortéz, calificó como “tramposa” la actitud del Estado mexicano, que argumentó que la justicia militar está supeditada a la civil, ya que si bien es cierto que cuando algún militar es procesado y recibe una sentencia, tiene derecho a un recurso de amparo, situación que no ocurre para el caso de los civiles.

“Plantear ese tipo de argumentos es sumamente tramposo y plantear que el sistema de justicia militar está por debajo del civil es totalmente inexacto”, dijo.

Otro de los argumentos vertido por el Estado mexicano ante el pleno del Consejo de DH, es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha aceptado todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El asunto, precisó el activista, es que dichas recomendaciones nunca han cuestionado el tema del fuero militar y siempre están dirigidas al Secretario de la Defensa y al Procurador de Justicia Militar, lo que en su opinión no sirve de nada ya que la CNDH nunca ha insistido en que sea la justicia civil la que se encargue de investigar las violaciones a los derechos humanos.

Baste recordar el caso de la mujer indígena violada por militares en 2007 en la sierra de Zongolica, en Veracruz, donde la CNDH, lejos de pronunciarse por esclarecer los hechos y por una investigación imparcial, se alineó a lo dicho por Felipe Calderón quien decretó que la muerte de la indígena de 73 años violada por militares había muerto a consecuencia de una gastritis y no de la tortura y violación sexual.

REVISAR CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, INSUFICIENTE

Para el activista de derechos humanos, si bien el Estado mexicano se “comprometió” ante el Consejo a revisar el Código de Justicia Militar, esta acción resulta insuficiente ya que a lo que se aspira es a una reforma constitucional que termine con los privilegios para los militares y que realmente establezca y garantice que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército sean investigadas en el ámbito civil.

“Vamos a seguir trabajando siendo muy consientes que la coyuntura no es lo favorable que quisiéramos porque el Ejército es muy claro que es una pieza fundamental e indispensable para la política del gobierno y donde no acabamos de ver cuándo tendremos una policía capacitada, profesional en el tema de los derechos humanos”, concluyó.

09/LGL/GG

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