La disminución de los programas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, la reducción del personal y la falta de contacto con las organizaciones civiles, son el resultado de la mengua en el presupuesto de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, indicó en entrevista con Cimacnoticias Liliana Herrera Villanueva, encargada de dicha Comisión en aquella ciudad, en vísperas del anuncio oficial sobre el traslado del organismo hacia el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
La reducción del 36.1 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se le hizo a la Comisión para Juárez provocó también que siete empleados fueran «transferidos», dejando a la comisión con tan sólo doce personas y sin funcionarios en la Ciudad de México.
«El personal fue transferido y comisionado a la unidad con el fin de que se fortalezca a la Secretaría de Gobernación, para el desarrollo e implementación del programa y sistema al que hace referencia la nueva Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia», aseveró Herrera.
Pero los 5 millones 700 mil 430 pesos menos en el presupuesto de la Comisión también incidieron en «cuestiones de suma importancia», de acuerdo a Herrera, como los programas para ayudar a las víctimas de los familiares de las mujeres que han sufrido violencia, ya que el apoyo que se le daba a las organizaciones no gubernamentales disminuyó en gran medida.
De hecho, desde 2005, las organizaciones civiles de Ciudad Juárez y Chihuahua han denunciado la nula ayuda que han recibido de las autoridades estatales, aunque en muchas ocasiones, éstas han anunciado programas de «ayuda» a los familiares de las víctimas de ambas ciudades.
Un ejemplo de ello es el programa del gobierno de Chihuahua en 2004, para entregar casas a 47 familiares de las asesinadas en esta localidad, programa que incluía también una «ayuda» mensual por mil 600 pesos, según informó en su momento la titular del Instituto de la Mujer en Chihuahua, Victoria Caraveo.
El año pasado, las organizaciones civiles también denunciaron que este programa, aún cuando había contemplado la entrega de casas a más familiares, terminó por quitarles los «pies de casa» que no eran más que pedazos de tierra sin construcción, dejando a muchas familias sin esta «ayuda».
Asimismo, por parte del gobierno federal, la Procuraduría General de la República creó en 2006 el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en Ciudad Juárez, presidido por el subprocurador de Derechos Humanos de la dependencia.
Según el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo estaría integrado por funcionarios de la PGR, y estaría obligado a emitir los lineamientos generales para la administración, aplicación y entrega de los recursos que se otorgarían a los familiares de las víctimas.
Con ello, quedó bajo su entera libertad la asignación de recursos por concepto de auxilio económico, previo análisis de cada caso y de acuerdo con los lineamientos y disponibilidad de recursos existentes en el fondo, que en ese entonces, 2006, ascendía a 30 millones de pesos.
Cabe señalar que el fondo fue constituido con aportaciones de los gobiernos federal y del estado de Chihuahua y es administrado por el Banco Santander.
Para la comisionada Liliana Herrera, que ocupó el cargo a partir del 16 de mayo pasado, se perdieron también «la elaboración de diagnósticos, los estudios y eventos de sensibilización sobre el tema. Pero aún así estamos recomponiendo las cosas, optimizando recursos con el fin de alcanzar los objetivos que tiene la Comisión», insistió Herrera, cuando aún no se informaba a la opinión pública sobre el traslado de la Comisión.
«Los programas puntuales son los que se ven afectados, como el generar diversos materiales de comunicación para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la sinergia con diversas organizaciones de la sociedad civil», aseguró la comisionada.
Según la comisionada, un punto importante también para erradicar la violencia de Ciudad Juárez es la colaboración entre los tres niveles de gobierno ?federal, estatal y municipal-. «Se requiere un apoyo sustancial y coordinado entre los tres niveles de gobierno con el fin de no duplicar esfuerzos y optimizar los recursos».
En este sentido, Herrera declaró que «se requieren más refugios para mujeres en violencia, centros de atención a las víctimas y todo un programa muy puntual en atención al tema, que es tarea de los tres niveles de gobierno».
«Yo considero en este sentido que el interés por parte del gobierno federal ha trascendido. Juárez fue el momento de la verdad para que el Estado mexicano volteara la vista hacia este problema y Ciudad Juárez fue el lugar que propició a que se dieran cuenta que es un problema nacional».
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