Las informaciones de la venganza bélica del régimen de George W. Bush contra todos sus enemigos relegan a un segundo plano los casos de violaciones a los derechos humanos que se cometen en otros países, en particular los ejecutados por militares israelíes contra el pueblo palestino.
Las acciones antiterroristas, bajo la perspectiva estadounidense, están dañando las garantías fundamentales en el ámbito internacional. En tanto, pueblos enteros sufren las secuelas de la prepotencia del país del norte, que impone su modelo económico y una presencia armamentista demasiado elevada en costos humanos y materiales.
Un primer llamado es que los reportes de los bombardeos de Bush no borren las atrocidades de sus aliados, acostumbrados a asesinar y masacrar civiles sin recibir condenas.
Ha pasado desapercibida la acometida del ejército israelí que destruyó casi un centenar de viviendas de la población civil palestina en el campo de refugiados de Rafah. Acción justificada por un portavoz castrense, como parte de un plan para destruir dicha zona. En el centro de la ciudad de Hebron, donde habitan decenas de miles de palestinos, se han asentado unos 400 colonos de origen estadounidense, quienes están sembrando terror entre la población árabe mediante prácticas racista inimaginables. Lo anterior fue reportado por una delegación de solidaridad que visitó la región.
En este orden de ideas cobra relevancia el pronunciamiento de la organización no gubernamental pro derechos humanos Human Rights Watch.
En su Informe 2001 denuncia que las actividades contra el terrorismo, encabezadas por Estados Unidos, alientan la violaciones a los derechos civiles, especialmente en los países con gobiernos autoritarios. Además fomentan el silencio de gobiernos, supuestos defensores de la paz, y la erogación de recursos innecesarios en países pobres.
A la espera de ayudas financieras, funcionarios estatales de diferentes partes del mundo actúan como fieles servidores a las consignas del gobierno estadounidense.
Por ejemplo, una de ellas cobró vigencia en Guatemala con el anuncio de la creación de una fiscalía para investigar actos terroristas, luego de que el presidente de los Estados Unidos, a través de sus embajadas, entregara la lista de sus supuestos enemigos organizados. El fiscal general, Adolfo González Rodas, defendió tal instalación «para que no nos agarren por sorpresa».
Causa enojo y rechazo que en un país centroamericano tan necesitado de instancias eficientes para la administración de justicia, se destinen recursos para cumplir una consigna ajena al pueblo guatemalteco en lugar de hacer realidad los reclamos contra la impunidad.
Preocupa de igual manera que las acciones antiterroristas lleguen a formar parte de una estrategia de persecución política en Guatemala, como está sucediendo ya en otros países.
Ningún gobierno democrático tendría que apoyar esa guerra del gobierno estadounidense, cuyo verdadero nombre es venganza, ya que sus agresiones bélicas –como otras ocurridas en el pasado– están atacando a población no combatiente y pisotean valores como la justicia y la libertad.
Según las palabras del profesor mexicano, José Aguilar Rivera, al comentar el libro titulado «Guerras justas e injustas» (Walzer, Michael. Paidós: 2001), concluye que sería conveniente descartar la idea de que la violencia borra el resentimiento, tras enfatizar que la guerra a veces puede ser un instrumento de la justicia
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