El gobernador José Murat ratificó que en todas las dependencias del Poder Ejecutivo local y sus paraestatales no deberá exigirse a las mujeres el examen de no gravidez como requisito para ingresar a laborar en la administración pública, porque ello viola sus derechos, convirtiéndose en el tercer estado que hace este anunció en lo que va del 2002.
En entrevista, el Ejecutivo estatal exhortó a los gobiernos federal y a los municipales, así como a los poderes Legislativo y Judicial y a la iniciativa privada a implementar la misma medida en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Reconoció la insistencia de la directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Norma Reyes Terán, para que no se violen los derechos de las mujeres en ese sentido.
El mandatario oaxaqueño consideró que la petición de examen de no gravidez «es un hecho desagradable y una violación a los derechos», además de ser una petición de todos los organismos no gubernamentales de mujeres y también de algunos varones.
En su opinión, el requerimiento del examen de no gravidez es una petición equivocada y cruel, por lo que «por convencimiento, por petición del IMO y porque tiene que ver con una posibilidad de futuro», se dio esa determinación.
José Murat calificó de necesario que esa misma medida la apliquen todos los estados, «aquí no importa quién es primero o segundo o último en aplicarla, aunque siempre es bueno que alguien empiece; lo importante es que se aplique».
Realista, reconoció que lo que se hace por reconocer los derechos de las mujeres es poco, pero que se está avanzando, especialmente en Oaxaca, y refirió que en su administración se está buscando que en todas las dependencias haya una mujer vigilante de las necesidades que las demás mujeres plantean.
«Hay fallas humanas, pero efectivamente frente a otros estados, en el estado hemos avanzado considerablemente por ese reconocimiento que logre la equidad», precisó.
El gobernador del Estado refirió que esa disposición gubernamental se realizó a través de un decreto para que este 8 de marzo entrara en vigor. «Es un acuerdo administrativo que debe trasladarse a una definición de que quien no lo cumpla estará cometiendo un error y se actuará administrativamente en su contra», advirtió.
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