El gobierno de México está diseñando una política integral para afrontar el problema de los asesinatos de mujeres en la norteña localidad de Ciudad Juárez, afirmó hoy la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marie Claire Acosta.
Al anunciar la realización de un Diagnóstico Nacional sobre Derechos Humanos, Acosta aseguró que el gobierno de Vicente Fox «ha hecho mucho» en el caso de las 300 mujeres asesinadas de Ciudad Juárez.
En la sede del Centro de Información de Naciones Unidas (ONU), en México la funcionaria negó que el gobierno esté cruzado de brazos en cuanto a la situación de los derechos humanos.
Aseguró que tras conocer el informe de la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Asuntos de la Mujer, Martha Altolaguirre, respecto al caso Ciudad Juárez, el gobierno de México está diseñando una política integral para afrontar el problema, aunque no dio más detalles.
Al respecto, Ricardo Sepúlveda , jefe de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el feminicidio en Ciudad Juárez es un problema nacional por lo que el gobierno federal inició un proceso de coordinación y enlace con el gobierno de Chihuahua.
Aseguró que en respuesta a las recomendación de Altolaguirre, hace 15 días se creó una subcomisión intersecretarial que involucra a 23 áreas del gobierno federal.
En conferencia de prensa y acompañada de representantes de la ONU y cuatro consejeros nacionales, encabezados por Clara Jusidman, –quienes se encargarán de la realización del diagnóstico–, Acosta aclaró que el análisis servirá para superar los obstáculos que impiden el respeto de los derechos humanos en México.
Precisó que la operación del diagnóstico estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su objetivo será lograr cambios que garanticen la vigencia de los derechos humanos y el diseño de políticas de Estado al respecto.
La subsecretaria justificó las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Vicente Fox, «porque heredó problemas graves en la materia, viejas estructuras, corrupción, una cultura que violenta los derechos humanos», por lo que sentenció que esta situación no va a cambiar mágicamente.
Acosta aseguró que el gobierno no está esperando los resultados del diagnóstico –que estará listo en octubre próximo– para actuar y señaló como causas de esas violaciones al ejercicio del poder político, las legislaciones y la estructura de las propias instituciones.
Clara Jusidman, ex funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, se encargará de la realizar la investigación respecto a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres que formará parte del diagnóstico en la materia.
Jusidman, designada junto con Sergio Aguayo, Miguel Sarre e Isidro Cisneros por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la realización del diagnóstico, explicó que durante los meses de julio y agosto se llevarán a cabo seminarios regionales para recabar información acerca de los diferentes problemas sobre los derechos humanos.
Uno de ellos, se realizara en Ciudad Juárez el 31 de julio y el 1 de agosto para recoger información y propuestas de los distintos sectores acerca de los crímenes de mujeres en este municipio y también para documentar las violaciones de los derechos humanos de las trabajadoras de la maquila.
Problemas como la mortalidad materna, el aborto y el VIH también serán documentados en esta investigación, añadió Jusidman.
También serán documentadas las violaciones de los derechos humanos de mujeres indígenas por lo que también se llevará a cabo un seminario en Oaxaca los días 17 y 18 de julio.
En su calidad de consejera nacional, dijo esperar que el documento final sea un referente para las organizaciones civiles, para los tres poderes de la Federación, y para los poderes estatales con miras a superar constantes violaciones a los derechos humanos y pasar a una política de Estado que logre el pleno respeto de los derechos humanos.
Tras opinar que se debe buscar el compromiso del Estado mexicano para generar un ambiente de respeto a los derechos humanos, Jusidman planteó la necesidad de que el diagnóstico incluya casos paradigmáticos, como violaciones a los derechos humanos de mujeres con VIH en las prisiones.
Consideró que la pobreza y desigualdad que priva en el país, impiden la vigencia de los derechos económicos y sociales. Agregó que la población se encuentra preocupada por los cambios en la legislación en materia de protección social y en el ámbito del trabajo que restan responsabilidad al Estado, desestabilizando a las familias mexicanas.
2003/SM/MEL
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