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Aplicación de políticas públicas para evitar muerte materna

Por la Redacción

En México, la muerte materna se puede prevenir en más del 190 por ciento de los casos que se registran al año, porque no se trata de accidentes que suceden de repente, son la consecuencia de una mala atención y cada una de ellas es “un dedo acusador”, indica la doctora Maricarmen Elú Cayado, secretaría técnica del comité promotor por una Maternidad sin Riesgo.

En el 2004 murieron más de mil 2000 mexicanas por complicaciones del embarazo y parto; no obstante desde hace 15 años la cifra (mil 400) no ha variado en el país.

Mientras que en estados como Nuevo León ocurre una muerte por cada seis mil embarazos, las cifras se quintuplican en entidades con alta pobreza y marginación, como Chiapas y Guerrero, según estadísticas del sector salud.

Pese a ello, a casi seis años del gobierno de Vicente Fox, el gobierno panista se quedó corto, pues no se abordaron de manera decisiva problemas trascendentales para las mujeres como el de la muerte materna y la salud sexual y reproductiva.

En tanto que los presupuestos etiquetados con perspectiva de género y la atención a VIH/Sida quedaron sólo en promesas, lo cual implicó, que el tema de la muerte materna prácticamente siga sin cambio.

Las cifras actuales son un reflejo de la falta de políticas encaminadas a evitar que continúen fallecimientos que pudieron evitarse.

Los programas presupuestales están administrados en bolsas muy amplias, lo que no permite saber en qué se van a gastar los recursos. Esto crea una gran discrecionalidad, porque no hay claridad de cuánto se ha avanzado para erradicar problemas como por ejemplo, cáncer de mama y cérvicouterino.

Cabe recordar que el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados para el 2005 asignó cuantiosos recursos al gasto social.

En teoría, las mexicanas, que representan más de la mitad de la población, debían ser las más beneficiadas al haberse autorizado montos adicionales a programas especiales en rubros como salud, lamentablemente, la realidad es otra.

En cuanto a medidas legislativas y de política pública para prevenir y erradicar la muerte materna, se deben destinar mayores recursos para atender ese flagelo.

Igualmente, deben crearse políticas públicas para informar a las mujeres sobre el uso de la anticoncepción de emergencia y para mejorar los servicios de salud en comunidades indígenas, donde se presentan los mayores índices de muerte materna como consecuencia de la pobreza, la desnutrición, la falta de información, y por patrones culturales que discriminan a las mujeres.

Las próximas diputadas federales deben trabajar juntas para mejorar la legislación e implementar políticas públicas que brinden una mejor atención a las mujeres en materia de planificación familiar, embarazos no deseados y muerte materna.

06/GT/LR/CV

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