Igualmente la OMS señala que cada año pasan a ser madres 14 millones de adolescentes, más del 90 por ciento de las cuales viven en países en desarrollo y que se calcula que durante los próximos 10 años unos 100 millones de mujeres adolescentes se casarán antes de cumplir los 18 años. Esta cifra representa un tercio de las adolescentes que viven en los países en desarrollo.
El acceso limitado al aborto, aun en los países donde se autoriza bajo ciertas condiciones, es igualmente una expresión muy reveladora de las desigualdades sociales y económicas que prevalecen, sobre todo, en las naciones en desarrollo, cuyas víctimas son, en primer lugar, las mujeres.
También nos indica la falta de respeto al libre ejercicio de sus derechos, en particular de sus derechos reproductivos y sexuales. Como señalan Llovet y Ramos. «Documentar los altos niveles de morbilidad y mortalidad asociados con el aborto ilegal resulta clave desde la perspectiva de la salud pública, al tiempo que también contribuye a responder a la preocupación acerca de la vinculación entre la condición social de las mujeres, los indicadores de salud reproductiva y el grado de vigencia de sus derechos humanos».
Asimismo, resume el Center for Reproductive Law and Policy ?actualmente Center for Reproductive Rights (CRR) ?, esas consecuencias «no afectan solamente a las mujeres que deciden terminar con un embarazo no deseado, sino que también traen resultados devastadores a nivel social, económico y cultural en los países donde se restringe su acceso (al aborto)».
Generalmente, la legalidad y las condiciones de seguridad van juntas, como lo evidencia el hecho de que los niveles de morbilidad y mortalidad materna debido al aborto hayan disminuido de manera drástica en los países donde el aborto es legal. Algunos autores consideran que la determinante más importante del impacto del aborto sobre la salud de la mujer es su estatus legal (Deidre, 1999, Anderson 1998 y Beber 2004).
Para Alternativa, dice el boletín, por elementales razones sociales y humanitarias es urgente adecuar el marco legal para asegurar que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo lo hagan en condiciones adecuadas de profilaxis clínica y atención médica.
«Estamos en favor de la despenalización, no entramos a la polémica de quién lo apoya o quién lo condena, sino de las graves consecuencias que trae al estar penalizado, pues eso causa la muerte, sobre todo, de mujeres pobres».
«Por todo ello, más allá de posturas morales y de creencias religiosas, que son respetables pero no pueden incidir ni en la legislación ni en el establecimiento de políticas públicas en un país laico y ante un problema de salud pública, es indudable que independientemente de lo que piensen los jerarcas católicos y los grupos o Partidos reaccionarios se debe legislar por la despenalización del aborto».
07/GG
