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Apoya UE programa penitenciario en República Dominicana

Por la Redacción

Un programa de la Unión Europea que busca la reinserción de las mujeres reclusas y el respeto a sus derechos, favoreció que en la cárcel dominicana de Najayo no haya drogas, negocios particulares ni privilegios.

El programa que inició en marzo pasado, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, alberga a 250 internas de las cuales, 130 son preventivas y ocupa las mismas instalaciones del antiguo penal femenino en San Cristóbal, pero ahora rehabilitadas y reestructuradas, señala un comunicado de Feminas.

Nidia Ciprián, quien ha cumplido más de la mitad de su condena de cuatro años, señala que al no haber drogas ni negocios particulares la situación es mejor.

El centro penitenciario cuenta con una zona de asistencia médica, áreas para mujeres que han dado a luz y talleres de informática, costura, belleza y repostería que pronto se pondrán en funcionamiento.

La mayoría de las presas valoran el cambio que ha experimentado la cárcel, donde antes se alquilaban espacios para dormir y se vendía impunemente droga y alcohol, pero éste no es el caso de las que contaban con privilegios y poder sobre las demás.

Me gusta la tranquilidad, comenta Mercedes Carmona, que recibe cada domingo la visita de su hija de 13 años. En tanto, Tania Maribel, sentenciada a cinco años por narcotráfico, acuna a su hijo de un mes y siete días, uno de los tres bebés que actualmente viven en la cárcel junto a sus madres.

Además de las tres visitas por semana a que tienen derecho, hay otros cambios, como el relevo de todos los policías que se encargaban de la vigilancia, los cuales fueron sustituidos por personal civil capacitado en la Escuela Nacional de Penitenciaria.

Para este proyecto, la Unión Europea destinó un millón de euros, para el desarrollo de un sistema penitenciario moderno en el país y el Gobierno anunció la construcción, en Higüey, de un nuevo penal modelo que financiarán empresarios españoles.

La precariedad del sistema carcelario nacional se puso en evidencia el 7 de marzo, cuando murieron calcinados 135 reos tras un motín que terminó en un incendio en uno de los pabellones de la cárcel pública de Higüey.

2005/LM/SJ

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