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Apoyan diputadas y diputados a Paulina, menor violada

Por Rafael Maya

La diputada del opositor Partido de la Revolución Democrática, Marcela Lagarde, presentó hoy en la cámara baja un punto de acuerdo para exigir que el gobierno de Baja California cumpla las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso de Paulina Ramírez, joven violada a quien se negó el derecho al aborto legal.

En tribuna, la antropóloga feminista hizo un recuento de cómo las autoridades bajacalifornianas, tanto de justicia como sanitarias, antepusieron sus creencias religiosas para negarle a Paulina su derecho al aborto legal por violación sexual.

La legisladora recordó que la CNDH emitió la recomendación 18/2000 que envió al gobernador de Baja California, Alejandro González Alcocer, a fin de que Paulina recibiera una indemnización. Advirtió que esa recomendación fue rechazada por el ejecutivo estatal.

En su momento, la CNDH recomendó al gobierno de Baja California que indemnizara por daño moral a la familia. También que las autoridades liquidaran los gastos en los rubros de salud, educación, vestido, vivienda y demás necesidades tanto a Paulina como a su hijo.

La CNDH también recomendó el comienzo de un proceso penal contra los funcionarios implicados, y que el sistema de salud estatal organizara cursos de ética médica, derechos humanos y derecho sanitario.

Marcela Lagarde dijo que a decir de los propios afectados “nunca se les ha dado ningún apoyo económico”, señaló que el secretario general de gobierno, Jorge Ramos, argumentó que el personal de la Procuraduría de Justicia y del Instituto de Salud actuó conforme a derecho y que fueron las víctimas las que decidieron que no se realizara el aborto.

“A la fecha, ningún funcionario estatal ha sido sancionado por violentar los derechos humanos de la menor (quien en 1999 cuando ocurrió la violación tenía apenas 13 años de edad), a quien obligaron a la maternidad y sólo uno de los dos violadores se encuentra en prisión”, agregó.

La antropóloga feminista también apuntó que en días recientes Paulina Ramírez informó que el gobierno de Baja California suspendió desde el año pasado toda la ayuda médica y el apoyo para cursar la educación media superior, por lo que se vio obligada a suspender sus estudios para mantener a su hijo.

Añadió que la joven (hoy de 18 años de edad) tuvo que trabajar durante mas de un año jornadas de hasta 14 horas, por las que ganaba 600 pesos mensuales, para la manutención de su hijo Isaac. Pero tuvo que suspender una actividad por cansancio y otros padecimientos como colitis y una hernia que se le formó tras la cesárea a la que fue sometida en abril de 2000.

Además del cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH por parte del gobierno de Baja California, el punto de acuerdo demanda la restitución integra del apoyo económico y en especie que recibía Paulina Ramírez Jacinto hasta hace un año y que hoy la víctima reclama. La iniciativa fue apoyada por mas de 20 diputados del sol azteca.

En entrevista, Marcela Lagarde advirtió que si el gobierno de Baja California hace caso omiso del punto de acuerdo – que fue turnado a la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se crea la comisión de justicia y derechos humanos- la LIX legislatura prepararía un exhorto signado por todos los partidos en la cámara baja para que las autoridades de ese estado cumplan con las recomendaciones.

Adelantó que legisladoras y legisladores buscarían también dialogar directamente con las autoridades estatales sobre el tema. Advirtió que el caso Paulina no quedará impune, toda vez que la violación de los derechos humanos de una mujer significa la violación de las garantías de todas las mexicanas.

2003/RM/MEL

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