A partir de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que fue posible por la modificación de la Ley de Salud del Distrito Federal, aprobada y ratificada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en 2007, son notables los avances de la derecha por penalizar su práctica en el interior del país, tal y como ya ocurre en Baja California donde se prohíbe aún en casos de violación.
Así lo declaró María Luisa Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en la presentación del libro «Despenalización del aborto en la ciudad de México. Argumentos para la reflexión», editado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), GIRE e Ipas México.
La edición, coordinada por Lourdes Enríquez y Claudia de Anda, compila un conjunto de aleccionadoras intervenciones a favor de la despenalización del aborto, a raíz de las audiencias que se realizaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), impugnaron las reformas aprobadas por la ALDF.
La obra incorpora el punto de vista de los médicos conservadores y médicos progresistas; agrupaciones feministas y religiosas, éstas últimas que consideran que la práctica del aborto debe ser un delito.
Para Sánchez Fuentes, este libro es un manual para las interesadas o interesados en el tema, cuyo interés es argumentar de manera sólida ante otras audiencias, una postura sólida sobre el aborto.
TESTIMONIO DEL AVANCE POLÍTICO FEMENINO
Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), destacó que el libro es un ejemplo claro del carácter estratégico del movimiento de las mujeres en los procesos políticos y en el camino hacia la construcción de una agenda de derechos humanos, «aunque para algunos, ganar terreno en este sentido significa la pérdida de valores».
Icaza comentó que todavía falta mucho por hacer, todavía existen servidores públicos que anteponen su esquema moral al ejercicio de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, y citó como ejemplo a los estados de Baja California, Colima y Morelos entre otros.
Agregó que los gobiernos de los estados y servidores públicos deben generar las condiciones para que sus ciudadanas y ciudadanos ejerzan sus derechos sin ser juzgados y comentó que, gracias al movimiento feminista, el campo de los derechos humanos avanza.
Finalmente, Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, destacó que el objetivo de editar un material con estas características es trasmitir las vivencias de los involucrados en las audiencias, en su mayoría mujeres, sus argumentos para defender su libre derecho a decidir si quieren o no quieren ser madres, de cuándo, por qué, y con quién.
En la presentación también estuvieron presentes Paulette Dieterlen, directora general de asuntos del personal académico de la UNAM y consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como Marisa Belausteguigoitia Rius, del PUEG.
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