Si prospera una iniciativa del gobierno existe la posibilidad de que, después de 20 años, el Parlamento discuta la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).
La Cedaw fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, y Argentina ratificó el tratado en 1985, adquirió rango constitucional en 1994.
Se trata del acuerdo internacional más importante para combatir la discriminación contra las mujeres, ya que permite denunciar ante un organismo internacional -cuando la Justicia local se muestra inoperante– situaciones que afectan los derechos humanos de las mujeres, ya sean en casos particulares como en violaciones masivas y sistemáticas. Y el Protocolo Facultativo es el instrumento legal que permitiría resolver estas denuncias.
Para ser aprobado por el Parlamento, el Protocolo debe ser enviado por el Poder Ejecutivo. Desde 1985 sólo un presidente -Fernando de la Rúa, durante el gobierno de la Alianza, a fines de los 90- había girado el proyecto a las Cámaras. La gestión de De la Rúa no logró que fuera tratado y, finalmente, con el gobierno justicialista de Eduardo Duhalde la iniciativa fue retirada.
Las dificultades para lograr su aprobación tienen que ver con las presiones ejercidas por la Iglesia Católica. Los juristas eclesiásticos consideran que la Cedaw permitiría sancionar a quienes objeten la despenalización del aborto, cuestionen la prostitución o manifiesten su oposición pública a la homosexualidad. «Quien hiciera algo de esto podría ser procesado penalmente bajo la figura de discriminador», argumentan.
La respuesta de los organismos de derechos humanos y de mujeres, y del actual gobierno, es que el Protocolo no crea nuevos derechos –al aborto, por ejemplo-, y que la Cedaw no tiene poder punitivo sino que sólo hace recomendaciones a los países.
«Yo creo que la resistencia de la Iglesia debería vincularse a que al menos un sector de ella viene discriminando en forma sistemática a la mujer, tanto en el discurso como en los hechos. Y al temor de tener que debatir el tema en un tribunal internacional», reflexiona Marta Alanis, responsable de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba.
NUEVO ESCENARIO
El 30 de diciembre del 2004 el presidente Néstor Kirchner envió al Senado el pedido de aprobación del Protocolo. Es evidente que el mandatario ya estaba dispuesto a darle batalla a la Iglesia.
Desde que comenzó el 2005, las disputas con los prelados no se detienen. Primero fueron las declaraciones del Ministro de Salud, Ginés González García, en apoyo de la despenalización del aborto.
Después la remoción del obispo castrense Antonio Baseotto, por sus funestas réplicas a González García –»merecería que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar», dijo el monseñor porque el ministro hace entrega de preservativos y promueve una despenalización que evitaría miles de muertes e infecciones entre las mujeres-.
Y cuando todavía se escucha el eco –que llega desde el Vaticano- del affaire Baseotto, el gabinete en pleno salió a defender la Cedaw y a promover la sanción del Protocolo.
A mediados de marzo, el canciller Rafael Bielsa manifestó a los senadores la voluntad política del Poder Ejecutivo de que el Protocolo sea aprobado. Esto sucedió un día después de que la cúpula del Episcopado hiciera llegar al presidente del Senado y vicepresidente de la República, Daniel Scioli, el pedido de que este proceso fuera frenado.
Unos días después, los legisladores decidieron que tratarían el tema en el recinto en la segunda quincena de abril. En ese momento, los senadores deberán elegir entre tres proyectos: el de mayoría, que cuenta con seis votos justicialistas y propone la aceptación del Protocolo «con reservas», es decir con la oreja puesta en los reclamos eclesiásticos; y dos de minoría: uno que rechaza el documento, y otro que propone la aprobación del mismo sin ninguna restricción (presentado por socialistas, justicialistas y radicales).
En caso de obtener media sanción, el proyecto pasaría a la Cámara de Diputados donde probablemente haya que dar otra dura pelea. Y si finalmente el Parlamento en su conjunto lo apoya –sin restricciones-, dejaríamos de ser uno de los patitos feos del continente, ya que sólo Chile, Colombia y Argentina no lo ratificaron aún en América Latina.
2005/SC/SJ
