Con el fin de eliminar la explotación económica del trabajo infantil, proteger a las niñas y niños que trabajan y erradicar la violencia contra la niñez, la 56 legislatura local aprobó el día de ayer por unanimidad la iniciativa de Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para el estado de Sonora.
Las comisiones unidas de Educación y Cultura le presentaron al pleno el dictamen que establece el reconocimiento expreso de que las niñas, los niños y adolescentes, como personas que son, tienen derechos humanos: de esta manera se pretende sentar las bases para integrar un sistema de protección de la infancia.
Lo anterior, en cumplimiento con el acuerdo aprobado el 30 de abril de este año donde el Congreso del estado hace suya la solicitud formulada por la diputada infantil Diana Elizabeth Acuña, donde le propone al pleno de diputados infantiles que aprueben una ley en materia de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Son tres los objetivos específicos que tienen que garantizar el ejercicio de este conjunto de derechos: eliminar la explotación económica del trabajo infantil, proteger a las niñas y niños que trabajan y, erradicar la violencia contra la niñez.
Además, establecer que toda niña, niño y adolescentes tiene el derecho de gozar de los derechos consagrados en Ley para la protección de sus derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen étnico, nacional o social.
De la misma manera que tampoco se les puede discriminar por razones de posición económica, discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición del infante, adolescente o de sus progenitores, como tampoco de sus familiares o representantes legales; por lo mismo debe desarrollarse, entre los miembros de las familias de niños, niñas y adolescentes, la conciencia de que unos y otras deben ser tratados de forma igualitaria.
Se establece el derecho a tener una familia para el desarrollo pleno como ser humano en un ambiente de convivencia, el derecho a ser considerados en primer lugar en materia de planeación y ejecución de políticas y programas, en la prestación de servicios, en el diseño presupuestal y en la toma de decisiones tanto administrativas como judiciales.
Asimismo se establece el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser protegidos en su integridad y en su libertad contra el maltrato, el abuso sexual, el derecho de recibir educación, a tener recreación y a practicar deporte, a la salud y a la asistencia social.
Además se prevé el derecho de acceso a la justicia en el Estado de niñas, niños y adolescentes con la finalidad de que puedan denunciar acciones cometidas en su perjuicio, al tiempo que se establece un apartado para referirse de manera específica a estos menores con discapacidad, como una novedad se contempla a la niñez indígena.
La iniciativa aprobada pone énfasis en las obligaciones a cargo de las autoridades estatales y municipales para que los derechos de niñas, niños y adolescentes puedan hacerse efectivos y se definen las instancias en el ámbito estatal y municipal encargadas de velar por la aplicación de la presente normatividad, como son la Procuraduría y subprocuradurías de la Defensa del Menor y la Familia.
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