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Aprueba Senado disposiciones en explotación sexual infantil

Por Lourdes Godínez Leal

En México, los sacerdotes no estarán ya por encima de la ley y serán sujetos de las mismas sanciones que cualquier persona cuando abusen sexualmente de niñas, niños y adolescentes, señaló en entrevista Angélica de la Peña, quien impulsó en la LIX legislatura –desde la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados– un dictamen de reforma al Código Penal Federal en materia de explotación sexual infantil.

Tras la aprobación este martes, por unanimidad, en el Senado de la república para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil, la ex diputada perredista, enfatizó que existe un señalamiento muy riguroso respecto al tema de curas pederastas.

Al respecto, subrayó, que “no debe haber ninguna exclusión, ningún privilegio para ninguna persona aunque sea parte de alguna religión y todos los ministros de las distintas religiones que haya en el país están obligados a cumplir y respetar nuestra Constitución Política”, por lo que “la ley se aplicará igual para todos”.

Con las reformas el Código Penal, iniciativa propuesta por el ahora senador Manlio Fabio Beltrones, una se establece que se sancionará a quienes abusen sexualmente de niñas, niños y adolescentes, abusando de la relación personal que tienen con éstos (los menores de edad) y menciona entre ellos a sacerdotes, médicos, profesores, funcionarios públicos y “todas las personas que tengan alguna relación de cercanía”.

De la Peña advirtió que “más allá de lo que establezca la ley especializada de las distintas iglesias, lo que nosotros tenemos que respetar, y tiene que prevalecer en este país y en el estado de derecho de nuestro país, es lo que refieren las leyes constitucionales, las leyes nacionales”. Por lo que “regirse en función de lo que diga la Iglesia Católica contraviene a la propia Constitución”.

La sanción a sacerdotes pederastas “responde a un clamor de la sociedad”, precisó, en el sentido de que no haya privilegios para éstos (sacerdotes), sobre todo cuando han sido acusados de haber abusado de su encargo.

Por ahora corresponde al poder judicial, a los jueces, aplicar el Código Penal reformado, explicó De la Peña.

“El legislativo ya cumplió con su tarea, al actualizar, armonizar y adecuar el Código Penal Federal, la Ley contra la delincuencia organizada y el Código de Procedimientos Penales a nivel federal, respondiendo a esta exigencia que la sociedad, las distintas organizaciones que abogan y luchan por los derechos de niñas, niños y adolescentes, han venido solicitándole al legislativo desde hace muchos años”.

SE CONCEPTUALIZAN FORMAS DE TRATA

Como lo señala la ex diputada Angélica de la Peña, con las modificaciones se reestructuró todo el título octavo del Código Penal Federal, se quitaron conceptos peyorativos como “menores incapaces”, y se definieron delitos inscritos en “el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes y de quienes no tienen capacidad para comprender el significado, el hecho, o no tienen capacidad para resistirlo”.

Se definieron, además, tipos penales de pornografía, turismo sexual infantil y lenocinio y se corrigió el término de prostitución, porque, según explicó a Cimacnoticias De la Peña, “las niñas y los niños no son prostitutos, son enganchados por la delincuencia organizada para meterlos en las redes de la prostitución, entonces definimos lenocinio contra personas menores de 18 años y por lo tanto conceptualizamos estas formas de trata”.

Al mismo tiempo en la reestructuración del título octavo del Código Penal Federal se derogó el concepto de “moral y buenas costumbres”, se redefinieron los delitos que están inscritos en la corrupción de personas menores de edad que no eran correctos.

Al respecto, la ex diputada del PRD ejemplificó que en la definición de corrupción de personas menores de edad del Código estaba inscrito el castigar a los padres o tutores que estuvieran en situación de mendicidad y pusieran a sus niños en situación igual, “nos parecía y lo contextualizamos perfectamente en el Código Penal Federal que eso no era una materia de éste y que en todo caso es un asunto de la asistencia social”, aclaró.

Dentro de las reformas también se determinó ampliar la improcedencia del beneficio de la libertad preliberacional a los sentenciados por los delitos de pornografía, turismo sexual, lenocinio y trata de personas en menores de dieciocho años de edad.

Angélica de la Peña enfatizó que lo que se aprobó ayer en el Senado es el resultado de un trabajo conjunto de académicas y académicos expertos en el tema y de iniciativas presentadas por diversas legisladoras y legisladores, se tomaron en cuenta preceptos jurídicos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), entre otras instancias nacionales e internacionales que trabajan en defensa de los derechos de la niñez.

VOLUNTAD POLÍTICA PARA SU APLICACIÓN

En un comunicado, Elena Azaola, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quien dio un panorama de la explotación sexual en nuestro país en su publicación “La infancia como mercancía sexual México, Canadá, Estados Unidos”, señaló que será “fundamental” que las autoridades tengan voluntad política para aplicar estas reformas y sancionen a los responsables.

En un comunicado emitido por esta dependencia, Azaola Garrido aplaudió estas reformas; no obstante enfatizó que si bien estas conductas ilícitas reformadas ya estaban tipificadas, lo que no ha habido es una sanción a quien o quienes las cometen.

Sobre la sanción a quienes empleen a menores de 18 años de edad en bares, cantinas, antros o lugares de vicio y establecimientos donde se prestan servicios sexuales, consideró que es de llamar la atención porque no hay una manera clara de desalentar estas conductas de menores que trabajan en este tipo de lugares.

Para la antropóloga social, el panorama de la explotación sexual infantil en México es difícil porque “hay una serie de complicidades que se tejen a su alrededor y no hay una política clara de los gobiernos locales para desalentar este ilícito y porque es difícil para los jóvenes encontrar oportunidades de empleo y educación”.

07/LGL/CV

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