El Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional con la que los soldados y marinos que cometan delitos contra civiles podrían ser juzgados por autoridades civiles y que también establece el procedimiento para que los ayuntamientos soliciten a las legislaturas locales y a los gobiernos estatales, la presencia militar en las calles.
La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión en 2009, proponía, entre otros puntos, la creación de un concepto de «amenazas a la seguridad interna» y que, cuando esto exista, se declare la suspensión de garantías, lo que dejaría en manos del ejército nuevamente la «seguridad» ciudadana.
Con el aval del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), ayer por la noche el Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen en el que se establece que los elementos castrenses que violen los DH de las y los civiles durante los operativos serán juzgados por la autoridad civil y no por la militar.
Información de la Cámara de Senadores, señala que durante la discusión de la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional, René Arce senador del PRD comentó que la redacción que se planteaba en la citada Ley no clarificaba los alcances del fuero militar.
«Es necesario que quede muy claro que si algún militar llega a cometer un delito que involucre a ciudadanas y ciudadanos, tendrá que ser juzgados por los tribunales civiles».
El senador perredista advirtió que de permitir un uso diferente de las fuerzas armadas para lo que fueron creadas, «no sólo se juzgará al ejército, sino también se juzgará a aquellos que de alguna manera emitimos una ley para que el ejército pudiera estar en las calles».
Finalmente luego de una prolongada discusión empantanada por la redacción de los artículos 72 y 69 que se refieren al fuero militar y al procedimiento de declaratoria de una afectación a la seguridad interior y quién deberá solicitarla, estos fueron modificados y aprobados.
En el artículo 72 se determina que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan conductas constitutivas de delito y afecten a personas civiles «serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 Constitucional y 133, este último referente a tratados internacionales».
Mientras que en el 69 se estableció el procedimiento para que sean los ayuntamientos quienes soliciten a las legislaturas locales y a los gobiernos estatales la presencia militar en las calles.
Cabe destacar que ayer antes del dictamen el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió al Senado que se aprobaran las leyes pendientes en materia de seguridad nacional, sin incluir el tema del fuero militar, con el «compromiso» del gobierno federal, de hacer llegar en el próximo periodo de sesiones de septiembre una iniciativa en la materia
JUSTICIA PARA MUJERES
Human Rights Watch (HRW), ha denunciado en reiteradas ocasiones que desde que Felipe Calderón desplegó a miles de soldados por todo el país en su «lucha contra el narcotráfico», ha habido «un drástico incremento» en las violaciones a derechos humanos cometidas por militares.
Califica como «disfuncional» al sistema de justicia militar ya que, pese a que este asume la «investigación» de las violaciones (incluidas las violaciones sexuales contra mujeres, asesinatos y tortura), carece de imparcialidad e independencia, lo que ha generado impunidad por años.
De acuerdo con una solicitud hecha por Cimacnoticias en 2009 al Instituto Federal de Acceso a la Información a través del SISI sobre cuántos casos se han investigado en la justicia militar por abuso sexual y violación, se informó que en el Consejo de Justicia Militar (CJM) no se encuentra tipificado el delito de abuso sexual, violación o violación equiparada,–Cimacnoticias 11 junio 2009–.
Pese a que estos delitos no están tipificados en el CJM, se reconoce que de 1999 a 2007, han sido 11 los casos «juzgados» por la justicia militar por los delitos de abuso sexual, violación equiparada y atentados contra el pudor.
Es de precisar que desde 2007 se presentaron en el Congreso de la Unión tres iniciativas de reforma al artículo 13 constitucional y al 57 del CJM surgidas por los casos de violación sexual a mujeres en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz, y Nocupétaro, Michoacán, pero están en la «congeladora».
10/GTR/LR/LGL
