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Aprueban amplia reforma penal contra feminicidio y violencia

Por la Redacción

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la tipificación del feminicidio y la discriminación, y reformó 15 figuras jurídicas en el Código Penal Federal (CPF).

Durante al sesión de ayer, las y los diputados aprobaron con 279 votos diversas reformas al CPF, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR).

Con estas reformas se tipificó el feminicidio como un delito que se castigará a nivel nacional con penas de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo, y se considera que comete este crimen quien prive dolosamente de la vida a una mujer cuando exista violencia sexual, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones.

El dictamen aprobado precisa que al servidor público que por acción u omisión realice practicas dilatorias en la procuración y administración de justicia, se le impondrán de cinco a 10 años de prisión, y multa de 500 a mil días de salario mínimo e inhabilitación del cargo o comisión que desempeñe por un periodo de cinco a 10 años.

El documento recopiló nueve iniciativas: siete de la Comisión de Justicia y dos de la Comisión de Equidad y Género, e incluye reformas importantes en los delitos de hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, violación, violencia familiar, inseminación artificial, fecundación artificial y esterilidad provocada, entre otras.

Al presentar el dictamen, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alma Carolina Viggiano Austris aclaró que de último momento se modificaron los artículos 261 y 265 del CPF sobre abuso sexual y violación, respectivamente.

En el artículo 261 quedó estipulado que se considerará abuso sexual todo acto sexual sin llegar a la cópula cometido en contra de una menor de 15 años de edad. En el artículo 265 se establece que se sancionará como violación sexual la cópula sostenida con persona menor de 15 años, aun con su consentimiento.

La diputada Viggiano Austris explicó que con este dictamen se acatan más de 40 instrumentos internacionales en la materia, y agregó que estas reformas son una respuesta a los más de 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres y niñas que se han cometido en el país desde 2007 a la fecha, según organizaciones civiles.

La diputada de Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) Teresa Ochoa Mejía, señaló que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado que de 2009 al primer semestre de 2010 se han registrado 728 asesinatos dolosos de mujeres.

“Detrás de estos crímenes de odio subyace una condición estructural e histórica de violencia y discriminación contra las mujeres, y de omisión por parte del Estado en su obligación de velar por nuestra vida y seguridad”, sostuvo.

Esta iniciativa se trabajó con organizaciones civiles como el OCNF, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y con las observaciones de reconocidas feministas como Marcela Lagarde, Laura Carrera, Patricia Olamendi, Marta Lucía Micher y Nadia Sierra.

Al tomar la palabra, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Enoé Uranga afirmó que con este dictamen la Cámara de Diputados cumple con la parte que le corresponde en torno al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La legisladora señaló que las sentencias contra el Estado mexicano por la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, exigían que “los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual” se tipificaran de manera adecuada.

“Cumplimos varios mandatos: la corrección de una falta del Poder Legislativo, pero sin duda es un gran paso en el reconocimiento legal de la violencia de género y la discriminación. No sólo es feminicidio, son 15 tópicos que impactan esta reforma”, destacó.

El dictamen aprobado fue enviado al Senado para su ratificación y posterior entrada en vigor a nivel federal.

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