Unas 90 mil empleadas domésticas uruguayas están muy cerca de ganar los derechos laborales mínimos con la aprobación en la Cámara de Diputados de el proyecto de ley que reglamenta esa actividad, que se espera también sea aprobado en el Senado.
En julio pasado, los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley del trabajo doméstico, que fue presentado por el ejecutivo y cuya formulación contó con la participación de varias entidades de gobierno, las cámaras empresariales y la central sindical de trabajadores PIT-CNT, de la cual forma parte el sindicato de trabajadoras domésticas.
En Uruguay, el trabajo doméstico remunerado sin regular, hace evidente un enorme rezago en la materia con relación a otros países latinoamericanos, como Colombia, donde el tema se empezó a tratar a mediados de los años 90.
El proyecto de ley sobre trabajo doméstico reconoce derechos laborales adquiridos por las y los trabajadores hace más de medio siglo, como son la jornada laboral diaria de ocho horas, el descanso intermedio de media hora para las que no pernoctan en casa del empleador, y de dos horas en el caso de las que sí lo hacen.
También establece un descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, que comprenderá el domingo, y el reposo nocturno para aquellas que residen en casa del empleador. El descanso no podrá ser inferior a nueve horas continuas, y contará con una habitación higiénica y privada.
Si bien los descansos no son obvios para los empleadores, menos aún lo es reconocer un salario digno. Por ello el proyecto establece que las trabajadoras del servicio doméstico serán incorporadas en el sistema de fijación de salarios.
En la actualidad el salario de las trabajadoras domésticas está establecido por decreto. «Nosotras queremos que sea acordado en consejo de salarios», dijo Cristina Otero, representante del Sindicato de Trabajadoras domésticas, afiliado a la central sindical del Uruguay PIT-CNT.
En Uruguay, el sindicato reúne a unas 400 trabajadoras domésticas, de las 90 mil que se calculan existen. «Es un gremio difícil de organizar, muchas trabajadoras tienen miedo a ser despedidas si sus patrones saben que están sindicalizadas», explicó Otero.
El decreto de julio pasado unificó el salario para todas las trabajadoras domésticas en 3 mil pesos mensuales (127 dólares), y de 15 pesos la hora (0,6 centavos de dólar), con excepción de las que residen en zonas rurales. No obstante señala que cuando la trabajadora recibe alimentación y alojamiento, se podrá deducir 20 por ciento sobre el salario.
«Trabajo desde los 14 años y cuando leí el decreto quedé asombrada, pues ni en épocas de la dictadura nos descontaron, nunca nos redujeron nuestro salario por los alimentos que nos daban», dijo Susana, una trabajadora doméstica.
El proyecto reglamenta indemnización por despido, tanto de las que trabajan por jornadas como por mensualidades, a partir de los 90 días de iniciada su labor, y establece una categoría especial para cuando el despido se produce cuando la trabajadora está en estado de gravidez o durante la licencia por embarazo.
De todo el articulado, es el derecho a subsidio de desempleo el más avanzado en materia de seguridad laboral para el gremio. No obstante, observadores consideran que es necesario ajustarlo a las condiciones del trabajo doméstico para que pueda ser efectivo para todas las trabajadoras de esa actividad.
Las normas establecen que para acceder a esta prestación social se debe haber trabajado 180 jornales en el último año, requisito que pueden cumplir las empleadas que residen en casa del empleador, pero resulta difícil para las que trabajan por jornadas, ya que laboran 2 o 3 días por semana.
La cobertura en salud, que fija el proyecto de ley, ya venía siendo impulsada por el propio gobierno a través de una campaña lanzada en 2005 para que los empleadores ingresaran a sus empleadas domésticas en el sistema de seguridad social.
En el informe de género 2001?2004, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de las Mujeres, se sostiene que de cada diez trabajadoras domésticas nueve desarrollan su actividad fuera del sistema de seguridad social.
Para facilitar el registro de las trabajadoras domésticas, el Banco de Previsión Social (a cargo de la inscripción en el sistema de seguridad social) creó una línea telefónica gratuita y habilitó un mecanismo de entrega a domicilio de formularios.
El proyecto de ley también establece 18 años como edad mínima para desempeñarse como trabajadora doméstica, aun cuando señala que en casos fundados, el Instituto del Niño y el Adolescente puede autorizar contrataciones de personas de hasta 15 años.
Aún cuando el proyecto de ley establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá realizar visitas domiciliarias, éstas deberán ser autorizadas por un juez competente.
«Es un avance, pero todavía no tenemos los derechos del común de los trabajadores, como el derecho al paro (huelga), y tenemos más reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo, por ejemplo, es increíble que a las compañeras que limpian baños (los patrones) no les den guantes», puntualizó la sindicalista.
06/LR/CV
