La reforma constitucional del artículo 73 faculta a la Cámara de Diputados para aprobar la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Trata de Personas, con la cual las víctimas no tendrán que probar que lo son, se protegerá su identidad y se establecerán medios para su reinserción social.
Lo anterior lo informó a Cimacnoticias la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la lucha contra la Trata de Personas, quien señaló que dicho dictamen de ley se elaboró «desde la perspectiva de las víctimas» con la colaboración de especialistas en el tema, como la activista Teresa Ulloa y la abogada Patricia Olamendi.
Orozco refirió que la reforma constitucional, aprobada el pasado martes y que también incluyó los artículos 19 y 20, fue turnada a la Cámara de Senadores, por lo que confía en que se avale lo antes posible con la finalidad de agilizar la aprobación de la Ley General.
La reforma a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue presentada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Araceli Vázquez Camacho, y se aprobó con 378 votos a favor, tres en contra y una abstención.
La modificación al artículo 19 constitucional incorpora la trata de personas a los delitos en los que el juez puede declarar prisión preventiva al acusado. Y el cambio al artículo 20 incluye el resguardo de la identidad de la víctima.
La presidenta de la Comisión Especial recalcó la importancia de que en el país exista una legislación que «rápidamente» homologue el delito, los derechos de las víctimas y en síntesis «ponga en orden a las autoridades, diciéndoles exactamente qué tienen que hacer».
Rosi Orozco refirió que con excepción del Distrito Federal, los estados no han hecho operativos para rescatar a las víctimas y sancionar a los responsables, menos están interesados en buscar la reinserción de las sobrevivientes.
Con la Ley General se elimina el apartado que anula el delito cuando «hay consentimiento de la víctima», también se quita la «carga de la prueba» que recae en ellas.
De igual modo, se protege la identidad de las víctimas y se establecen los mecanismos para su reinserción en la sociedad, además, quien sea acusado estará en prisión preventiva para evitar que amenace u hostigue a la víctima y a su familia.
El dictamen elaborado por las y los 16 integrantes de la Comisión Especial todavía es discutido con la colaboración de diferentes especialistas, quienes definirán en breve si la pena en prisión por el delito de trata, se equipara al de secuestro, cuya sanción es de hasta 70 años.
«REFORMA A MODO»
Al respecto, la diputada Enoé Uranga Muñoz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de diputados, manifestó su rechazo a la reforma aprobada hoy por el pleno, pues sostuvo que está hecha «a modo» para hacer una Ley General cuando ya existe una en la materia a la que calificó como «deficiente».
Para la legisladora la reforma es imprecisa pues deja a la libre interpretación quién es la autoridad responsable de perseguir el delito lo cual queda como hasta ahora: tanto el fuero federal como el común.
Uranga Muñoz criticó la falta de fundamentación, análisis y sustento en el dictamen, «no queda claro para que servirá», y en su opinión, se desdibuja el aspecto fundamental del tema que son los derechos humanos de las personas víctimas de trata y lo reduce a un asunto penal que no resuelve el asunto de fondo.
La legisladora advirtió que ésta es una reforma riesgosa que se hizo sin conocer la magnitud del problema en el país porque el Ejecutivo ha incumplido su tarea de realizar diagnósticos al respecto y que se hacen tan necesarios para establecer las políticas públicas y estrategias necesarias de prevención, persecución, sanción y atención.
11/GCJ/RMB/LGL
