Una herramienta legal, que podría apoyar los esfuerzos para disminuir la violencia contra las mujeres, y en consecuencia la adquisición del VIH por prácticas violentas contra ellas, ya que sanciona con severidad cualquier tipo de violencia de género, fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la República de Guatemala, el pasado 9 de abril.
La nueva Ley tipifica el delito de feminicidio y contempla penas de 25 a 50 años de prisión para quienes asesinen a mujeres sólo por el hecho de serlo, informó en un comunicado la Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción (Red MPA).
También tipifica como delitos los diferentes actos de violencia contra la mujer, en sus categorías de violencia sexual, física, psicológica y económica, por los cuales fija penas de entre cinco y ocho años de prisión, según la gravedad de los mismos.
El Instituto Nacional de Defensa Pública, del Poder Judicial, atendió el año pasado a 22 mil 737 mujeres que sufrieron algún tipo de agresión por parte de hombres, en su mayoría sus parejas o familiares.Por la falta de una ley de esta naturaleza, sólo el 1.8 por ciento de esos casos fue tipificado como conducta delictiva por parte de los tribunales.
Dentro de la ley, la definición de violencia sexual incluye la oposición del agresor al uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales.
Red MPA «comparte la alegría de los movimientos organizados de mujeres, con las mujeres y para las mujeres al haber recibido, por fin, una respuesta por parte del Congreso de la República, ante los múltiples esfuerzos que se han venido desarrollando, para evidenciar la realidad de las mujeres en nuestro país», señala el comunicado.
Dice también que «como mujeres que vivimos con VIH o hemos desarrollado SIDA, conocemos en carne propia la relación existente entre la violencia contra nosotras y la adquisición del virus, violencia que en la mayoría de los casos, hemos recibido por nuestras parejas y/o personas cercanas en quienes depositamos nuestra confianza y en otros casos por extraños.
Las integrantes de la Red afirman que se darán a la tarea de informar a mujeres, hijas, familiares, asesores legales, Procuraduría de los Derechos Humanos y población general el contenido y la utilidad en nuestro beneficio de esta ley. Se constituirán además en observadoras del cumplimiento de la misma, por parte del Estado de Guatemala.
08/GG
