La aprobación, el pasado 6 de noviembre, de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay, uno de cuyos capítulos propone la interrupción del embarazo bajo determinadas condiciones, constituye un paso enorme hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de todas las personas, afirmó la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales para la Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva.
Se trata de un tema central en la vida social uruguaya, cuya definición fue largamente postergada por el sistema político,pues «hace ya muchos años que la opinión mayoritaria entre las y los uruguayos se inclina por eliminar la respuesta penal frente a la mujer que aborta», asegura la Coordinación.
El Senado de la República dio un paso fundamental en la dirección de poner la legislación nacional en sintonía con ese estado de la conciencia social, agrega. Y es la segunda ocasión en cinco años que una de las Cámaras del Poder Legislativo aprueba un proyecto de Ley con ese contenido.
La ciudadanía mira ahora con atención y esperanza hacia la Cámara de Diputados, asegura la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales para la Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva.
Sin embargo, dice la Agencia Informativa Latinoamericana, Prensa Latina, jamás en Uruguay se habían reunido los votos parlamentarios necesarios para despenalizar el aborto, pero ahora que ocurrió, el presidente Tabaré Vázquez se vería forzado a cumplir su advertencia de que vetaría cualquier iniciativa al respecto.
La votación se produjo en forma nominal ante unas barras colmadas de partidarios y opositores de la iniciativa. Cuando el conteo de los votos reveló mayoría de 18 a 13 por la despenalización del aborto, los primeros estallaron en aplausos y los segundos guardaron un preocupado silencio.
Todo un reflejo de lo que acontece a nivel de sociedad en este país cuya legislación, desde 1938, solo admite la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo de vida de la madre y establece penas de prisión para los autores de abortos, consentidos o no, explica Prensa Latina.
Así, el Senado dejó preparada la escena para que en los próximos días la Cámara de Representantes proceda a votar la normativa, con muchas posibilidades de aprobarla, en tanto la bancada del gobernante Frente Amplio (FA) es mayoría en ese órgano.
Si como –se espera– el proyecto salva tal instancia, será cuestión de días o tal vez de horas para que el presidente concrete su anuncio de vetarlo con el fin de impedir su conversión en Ley.
La secuencia lógica de los sucesos, pues, concentra las expectativas en la votación en la Asamblea General, compuesta por 31 senadores y 99 diputados.
Para invalidar el veto presidencial se requieren las tres quintas partes de los votos en aquel órgano, con lo cual el número mágico que decidirá el desenlace del tan controvertido asunto es el 78.
Los partidarios de la despenalización aseguran que la Asamblea General reunirá los votos necesarios, pero no hay datos precisos sobre los objetores de conciencia, presentes en todos los partidos, ni acerca de cómo podrían influir ausencias y suplencias de legisladores.
Si en definitiva el proyecto prospera en esa instancia, será poco menos que un parto con fórceps. Si fracasa, constituirá un nuevo aborto de las esperanzas de la mayoría de los uruguayos, estima Prensa Latina.
CONTENIDO DEL PROYECTO
La normativa propone que toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez si prueba ante autoridad médica situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias (edad) que le impidan continuarlo.
También, cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer, o si se verifica un proceso patológico capaz de provocar malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.
El médico, por su parte, estará obligado, entre otros actos, a documentar la voluntad de la mujer de interrumpir el proceso de gravidez y, junto al equipo que intervenga en la operación, a mantener la confidencialidad por respeto a la libertad de las personas y sus derechos individuales.
El profesional con objeciones de conciencia para practicar un acto de esa naturaleza deberá comunicarlo a las autoridades de su institución dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la ley.
PARTIDARIOS Y OPOSITORES
El tema, explica Prensa Latina, tiene dividida a la sociedad oriental en dos bandos: recientes encuestas indican que más del 60 por ciento de las y los uruguayos está a favor de la despenalización del aborto, mientras el 27 por ciento en contra.
La situación es tan singular que los legisladores del FA están encarados en ese tema con el presidente Vázquez, cuya posición coincide más con la de los partidos de oposición, el Colorado y el Nacional.
Históricamente esas fuerzas votaban unánimes sobre el punto y solo eran unas pocas las voces discordantes, por lo regular llegadas desde la izquierda.
Con la llegada del FA al poder en marzo de 2005 –para mejor con mayoría parlamentaria–, parecían creadas las condiciones con vistas a que la moción prosperara, pero los más optimistas en el caso pasaron por alto la opinión del jefe del gobierno, por añadidura médico de profesión.
El asunto ha llegado a convertirse en un duelo callado –pero público– entre el Presidente y un grupo de legisladores y representantes de diversas instituciones que luchan por la equidad de género.
Mas los partidos Colorado y Blanco no son las únicas fuerzas opuestas a la despenalización del aborto. Por razones históricas, una de las de mayor peso es la Iglesia, que repetidas veces ha llamado a los legisladores a no aprobar lo que el obispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, calificó como una ley inmoral.
En un comunicado público, la Conferencia de Obispos expresó que sumaba su voz a las de tantos uruguayos que piden a sus representantes que nuestras leyes respeten y tutelen el valor supremo de la vida de todos los seres humanos, en todas sus etapas.
LAS ESTADÍSTICAS
Según diversos estudios, en Uruguay se practican 33 mil abortos clandestinos por año, unos 90 por día, en una población de 3.4 millones de habitantes.
Esa es la causa de casi la mitad de todas las muertes maternas, pero fuentes judiciales estiman que las cifras reales doblan a las oficiales debido a una palmaria práctica clandestina que deriva anualmente en un alto número de procesamientos por aquella causa.
Poco antes del proceso de votación del proyecto, cientos de figuras públicas de todos los partidos firmaron una declaración a favor de la legalización. El enunciado que encabezaba el acta aseguraba cómo todos conocían a alguien vinculado a un aborto.
ABORTO EN LA REGIÓN
En la región, la situación al respecto es muy variable. En Brasil, por ejemplo, en los últimos 16 años se rechazaron varios proyectos de despenalización.
Una reciente encuesta de Datafolha señaló que el 65 por ciento de los brasileños rechaza el aborto. En Paraguay, el Congreso estudia un proyecto de ley sobre salud sexual que podría autorizar el aborto en algunos casos.
Chile y Nicaragua son los únicos países de América Latina que consideran el aborto ilegal, sin excepciones, mientras Cuba es el único donde la gestante puede interrumpir el embarazo antes de la semana 12.
Según instituciones especializadas, en el mundo se realizan cada año 42 millones de abortos inducidos, la mayoría en países en desarrollo, en malas condiciones higiénicas y con un alto grado de complicaciones y efectos indeseables.
Los estudios revelan una clara relación entre pobreza, una legislación restrictiva y la tasa de abortos inseguros. La conclusión es que la mitad de todas las interrupciones fueron peligrosas.
En los países desarrollados, más del 90 por ciento de las operaciones se efectúan de manera eficaz y segura, pero en los subdesarrollados el 55 por ciento tiene un desenlace infeliz.
Abortos incompletos, hemorragias, infecciones y en muchos casos la muerte, son algunos de los riesgos que afrontan las mujeres al no recibir un tratamiento adecuado con las condiciones necesarias para garantizar vida y salud, concluye Prensa Latina.
07/GG/CV
