A pesar de las trabas de la jerarquía eclesiástica, la Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley por amplia mayoría (116 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones), la ratificación del llamado Protocolo de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer, por sus siglas en inglés), uno de los principales reclamos del movimiento de mujeres de los últimos años.
El tratado, que hace posible ahora llevar ante una instancia internacional los casos de discriminación contra la mujer, fue ratificado el pasado 16 de noviembre y contó con el impulso de las diputadas oficialistas Juliana Di Tullio y Juliana Marino, así como de las diputadas del opositor partido Unión Cívica Radical (UCR) y Afirmación para una República Igualitaria (ARI), informó la agencia Prensa Latina/Mujer.
El Protocolo Facultativo es el marco legal que, sin crear nuevos derechos, establece un mecanismo de exigibilidad de los derechos establecidos en la convención mencionada.
Allí se podrán denunciar violaciones y reclamar a cada país adherido la rectificación de situaciones de discriminación, ya sean masivas o de casos individuales. Es la instancia más importante del sistema de Naciones Unidas (ONU) relativa a los derechos humanos de las mujeres.
LARGO CAMINO
La Convención, que consta de 30 artículos distribuidos en seis partes, es fruto del trabajo que por años ha realizado la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, creada en 1946 por la ONU. Dicha Comisión comenzó en 1967 a preparar la CEDAW hasta que la Asamblea General de Naciones Unidas finalmente la aprobó el 18 de diciembre de 1979.
El Estado argentino se adhirió en 1994 a la Convención, a través del Artículo 75 inciso 22, a partir de la reforma constitucional que ese año llevó a cabo Carlos Menem, pero dilató la aprobación del protocolo facultativo. Luego, este país firmó el tratado el 28 de febrero de 2000 y el gobierno de Fernando de la Rúa envió el proyecto al Congreso para su ratificación en 2001.
En dos ocasiones el presidente sucesor, Eduardo Duhalde, le reclamó al Senado la devolución del proyecto enviado por De la Rúa, pero la Cámara alta no accedió.
Durante los dos gobiernos posteriores a la época menemista no hubo avances, pese al reclamo constante de las organizaciones sociales. En diciembre de 2004, Néstor Kirchner pidió su pronta ratificación.
El último paso que debe realizarse es la aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Diversos organismos del Gobierno, como el Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos y la Cancillería, ya dieron su dictamen favorable.
Hasta ahora, Argentina era el único país del MERCOSUR y uno de los tres latinoamericanos que todavía no lo había ratificado, entre los que están Chile y Colombia.
El pasado 2 de noviembre, la Cámara alta había sancionado la validación de esta herramienta internacional, con el respaldo de 32 de los 44 senadores presentes.
En esta oportunidad, el oficialismo defendió la iniciativa en la voz de la mendocina y activa militante de la igualdad entre los géneros, Marita Perceval.
En días previos, obispos de varias provincias, como Jujuy o San Juan, se habían encargado de acercar sus críticas a distintos legisladores que recibieron una carta del Secretariado Nacional para la Familia, con el membrete de la Conferencia Episcopal Argentina, donde pide que no apoyen la ratificación con argumentos tales como que promueve la homosexualidad y desprecia la función materna.
La jerarquía eclesiástica no dudó en calificar el tratado de abortista; incluso sostuvo que las futuras recomendaciones afectaban la soberanía política.
COMPROMISOS
La importancia de esta legislación radica en que los mecanismos internacionales existentes eran insuficientes para la implementación de este tipo de compromisos de derechos humanos. El único procedimiento que existía era el de un informe y su arbitraje, que era objeto de gran cantidad de reservas.
La firma y ratificación del Protocolo obliga a los Estados a adquirir un compromiso ante la comunidad nacional e internacional y promueve el acercamiento y vigilancia mutua entre las sociedades.
Su cumplimiento será monitoreado por un comité, el cual tiene entre sus miembros a una sola latinoamericana, la brasileña Silvia Pimentel.
A saber, coloca especial énfasis en establecer medidas para modificar los roles sexuales y estereotipos (Artículo 5); medidas contra el tráfico y la explotación sexual de mujeres (Artículo 6); igualdad de derechos al trabajo, con especial consideración a la maternidad (Artículo 11) e igualdad de acceso a la salud y a la planificación familiar (Artículo 12), entre otros.
Cuando se viole algún derecho y se hayan agotado todas las instancias internas, se abre la vía para presentar una denuncia en la esfera internacional, que la puede hacer una persona o grupo de personas (por ejemplo un organismo de derechos humanos) que aleguen ser víctimas de violación de sus derechos.
El otro mecanismo de la Convención le da competencia al comité para investigar situaciones de violaciones graves y sistemáticas como es el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México.
Cuando la CEDAW evalúe la denuncia, se dirige al Estado denunciado para que adopte las medidas más urgentes. A los seis meses, el Gobierno denunciado debe presentar por escrito su explicación o informando sobre las medidas adoptadas.
El Comité examina las respuestas y envía recomendaciones, aunque está en el Estado corregir o no el problema. Si éste no lo hiciera, queda señalado como violador de los derechos de las mujeres.
La cúpula de la Iglesia Católica argentina estuvo tan empeñada en que la Argentina no se adhiriera al Protocolo de la CEDAW porque de alguna manera no podrá incidir en la vida privada de las mujeres ni en la organización social que la violación de los derechos humanos conlleva, señala Prensa Latina. Si fuera por la Iglesia no habría divorcio legal, por ejemplo.
Para la Iglesia argentina, esta aprobación se suma al mal trago que le provocó la aprobación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en la Capital Federal a mediados de octubre, donde se obliga a incorporar la educación sexual dentro de las propuestas educativas desde el jardín de infantes.
Antes, el movimiento de mujeres argentinas gritaba la consigna: Protocolo CEDAW ya. Ahora quieren que ya se ponga en práctica.
*Colaboradora de Prensa Latina.
06/PD/GG
