México, D.F 19 oct. 10 (CIMAC).- Cumplir la sentencia que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), al Estado mexicano, por el feminicidio del caso «Campo Algodonero, se traduce en que el Estado en su conjunto asuma una política democrática de género, es decir «gobernar de cara a las mujeres…», afirmó Marcela Lagarde y de los Ríos.
Al participar en el Foro: «La Sentencia de Campo Algodonero a un mes de su Cumplimiento: Silencios, ausencias e incumplimiento», agregó que el Estado mexicano no está estructurado con una configuración democrática de género, y eso es lo que esta atrás de la sentencia; lo obliga a asumir una política democrática, para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas.
«Lo obliga a gobernar de cara a las mujeres, a la igualdad entre mujeres y hombres, a tener un ámbito de justicia que tenga una perspectiva de género en derechos humanos».
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la antropóloga y feminista agregó que la importancia de la sentencia es que es la primera que se dicta, que tiene como base la construcción de los derechos humanos de las mujeres, a partir de un caso que busca la justicia internacional, porque el Estado mexicano ha fallado.
«… Después de más de una década de exigencia y demostraciones de que había violación permanente a los derechos humanos de las mujeres de nuestro país».
Lagarde y de los Ríos, afirmó que la sentencia de la CoIDH, conmina al Estado a reformarse. «Si el Estado no se reforma seguiremos escuchando largas… escuchando simulaciones, nos estarán diciendo que ya merito van a subir la página Web o que harán un monumento, el cual si quieren lo pueden levantar en tres días y lo van hacer».
«Pero no se trata de un monumento o de una página Web, se trata de una sentencia holística integral», que responsabiliza al Estado por la vida de esas tres niñas asesinadas en este territorio y lo responsabiliza de la seguridad, de la vida y la libertad de las mujeres.
La autora de más de 100 artículos y de varios libros en materia de género, detalló que modificar al Estado requiere de muchas cosas, sin embargo hemos avanzado con varios instrumentos a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará).
De manera local, hemos avanzado con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que surgió inspirada en el movimiento feminista de Chihuahua y sus acciones.
Durante la conferencia en la que de manera virtual participaron representantes de organizaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró que esta legislación no sólo es penal, sino que abarca toda la problemática que jurídicamente se puede enfrentar sobre la violencia contra las mujeres.
Es decir, agregó la también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, la Ley General contiene una política para que el Estado asuma sus responsabilidades en los tres niveles de gobierno, «se trata de una política vinculada y justamente eso es lo que no pasa».
«Respecto a la sentencia, el gobierno local dice que no es su competencia, el estatal dice que es competencia del Gobierno Federal…. que no tiene que informar porque no les toca, porque no son delitos federales, en las locales no va la subcomisión porque es una cosa donde está el gobierno federal…» es decir se está violentando la Ley.
La Ley plantea una política preventiva de la violencia contra las mujeres, «no es una política de campañas publicitarias, no es una política de sensibilidad de género, es una política de transformación estructural de la condición y transformación de las mujeres de la relación entre mujeres y hombres que tiene que ver con la igualdad».
Marcela Lagarde agregó que la Ley general también mandata la atención a las y los familiares de las víctimas de hoy, a las de hace un año, a las de hace cinco o a las de hace 15 años, es decir a todas las víctimas de asesinatos de mujeres y niñas.
Quien durante la LIX legislatura, que inició a mediados de 2003, fungió como legisladora, y presidió la Comisión especial de Feminicidio, consideró y llamó a las activistas «Tendríamos que recoger la Ley y no sólo la sentencia.
«Hagámonos de todos los recursos que hemos ido construyendo para apuntalar la construcción de los derechos humanos de las mujeres», planteó.
En la conferencia también participaron Andrea Medina Rosas, una de las abogadas del caso conocido como «Campo Algodonero»; la investigadora Gloria Careaga, Imelda Marrufo de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; la investigadora Julia Monárrez y familiares de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.
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